Este jueves a las 14, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y Melody Raukauskas, la mujer que lo denunció por abuso sexual, tendrán un encuentro cara a cara por fuera del fuero penal. La audiencia, que se llevará a cabo en el marco de un conflicto civil, se centrará en la demanda de daños y perjuicios que Raukauskas presentó contra el jefe comunal, buscando una reparación integral por el daño sufrido.

A pesar de que Espinoza tiene una prohibición judicial de acercamiento a Raukauskas, el juez penal que lleva la causa autorizó este encuentro, argumentando que su presencia es necesaria para evitar dilaciones innecesarias y cumplir con los plazos establecidos judicialmente. La audiencia se realizará mediante videollamada, garantizando así la presencia obligatoria de ambas partes sin que esto implique un encuentro físico.

La autorización para que Espinoza participe fue solicitada por el abogado de la denunciante, Marcelo Abel Urra, quien busca que el proceso avance sin más demoras. De esta manera, el intendente y la presunta victima se verán las caras nuevamente, aunque sea de manera virtual, en el marco de un proceso que ha generado un fuerte impacto mediático y político.

La audiencia se da en un contexto judicial complejo para Espinoza. A principios de julio, la Sala VII de la Cámara de Crimen confirmó su procesamiento por abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, por lo que la causa quedó a un paso del juicio oral y público. La Cámara también dispuso un embargo de $1.500.000 sobre los bienes del intendente, sumando presión al caso que ha golpeado fuertemente su imagen pública.

El procesamiento del jefe comunal, decidido por la jueza de primera instancia María Fabiana Galletti, fue ratificado por la Cámara en sintonía con el dictamen del fiscal Mauricio Viera. La acusación de desobediencia se fundamenta en que, a pesar de la prohibición de acercamiento, Espinoza habría intentado persuadir a Raukauskas para que retire la denuncia, acción que agravó su situación judicial.

A pesar de la confirmación del procesamiento, los abogados defensores del intendente presentaron un recurso ante la Cámara de Casación Nacional. El juzgado deberá determinar si la instrucción del caso está agotada, lo que abriría la puerta a un juicio oral en el que Espinoza podría ser condenado hasta con 15 años de prisión. 

Este proceso judicial no solo pone en jaque la carrera política del intendente, sino que también representa un momento crucial para la víctima en su búsqueda de justicia. La demanda por daños y perjuicios podría ser el primer paso hacia una resolución más amplia en el marco de un juicio que, de llevarse a cabo, marcaría un hito en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género en el ámbito político.