El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata denunció al presidente Javier Milei y a la canciller Diana Mondino, acusándolos de "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público". La causa fue asignada a la jueza federal María Servini y se vincula a la reciente decisión del Gobierno de restablecer vuelos a las Islas Malvinas, en un acuerdo con Gran Bretaña, sin la intervención del Congreso.

Este nuevo capítulo de la tensión por Malvinas tiene como foco el acuerdo que firmó Mondino con su par británico, David Lammy, en Nueva York. El mismo dispone la reanudación de un vuelo regular desde San Pablo, Brasil, hacia las Islas Malvinas con una escala en Córdoba. Sin embargo, organizaciones de veteranos y abogados han planteado su disconformidad, ya que consideran que una decisión de tal naturaleza, que podría afectar la soberanía argentina, debe ser tratada en el Congreso Nacional.

Esta denuncia se suma a otra realizada previamente por la abogada Valeria Carreras, quien también cuestionó la firma del acuerdo sin la participación del Congreso, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional. Carreras, en su presentación judicial, argumentó que cualquier tratado que involucre derechos y obligaciones internacionales debe contar con la aprobación legislativa, y que en este caso, el Gobierno omitió ese paso fundamental. "Se trata de un instrumento de naturaleza convencional que establece obligaciones internacionales, por lo que su aprobación por el Congreso es indispensable", señaló Carreras en su demanda.

Este anuncio generó una fuerte controversia. Desde sectores críticos al gobierno, se apunta que la decisión fue tomada sin la suficiente consulta a los organismos nacionales competentes y que representa un riesgo para las reclamaciones históricas de soberanía sobre el archipiélago. La denuncia del CECIM, además, resalta la falta de comunicación del Ejecutivo sobre las negociaciones que se llevaron a cabo con Gran Bretaña, algo que alimenta la desconfianza respecto de las verdaderas intenciones detrás de este acuerdo.

El caso de Mondino no es el único conflicto abierto respecto a su gestión en Cancillería. Ya ha enfrentado otras denuncias por las mismas razones que llevaron a esta nueva presentación judicial. La canciller fue denunciada por Carreras por la firma del convenio con Gran Bretaña en el mismo fuero federal porteño, a cargo del juez Sebastián Ramos. 

La presentación judicial que ahora involucra directamente a Milei y a Mondino abre otro frente para el gobierno, que ya enfrenta críticas por su política exterior y por lo que algunos sectores interpretan como concesiones indebidas en el histórico conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. El Gobierno, hasta el momento, ha defendido el acuerdo como parte de un proceso para mejorar las conexiones aéreas en la región y facilitar la logística, sin que ello implique una cesión en la postura argentina sobre las Islas.

En este contexto, los vuelos con escala en territorio argentino han sido históricamente sensibles, ya que cualquier gesto en ese sentido es visto como un posible retroceso en las negociaciones por la soberanía. Por su parte, Gran Bretaña ha insistido en que este tipo de acuerdos son meramente operativos y no implican una alteración del estatus diplomático de las Islas.

Las demandas presentadas en los tribunales federales ponen en duda no solo la legalidad del acuerdo, sino también el manejo de la política internacional por parte del gobierno de Milei. La jueza María Servini deberá ahora evaluar si el proceso impulsado por el CECIM y Carreras tiene mérito suficiente para avanzar en una investigación que podría comprometer a altos funcionarios del Ejecutivo.

A medida que avanzan las denuncias en los tribunales, se espera que las autoridades judiciales determinen si el acuerdo de los vuelos a Malvinas requería la aprobación del Congreso o si el Ejecutivo tenía facultades para avanzar sin su intervención.