Espionaje ilegal: entre especulaciones y un fallo que podría dañar de muerte a la investigación
La causa por lo sucedido con la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri está freezada desde su llegada a Comodoro Py, después de sus avances en la justicia federal de Lomas de Zamora. Rumores de nulidades y preocupación por la decisión que debe tomar la Cámara Federal.
“No queda duda que llevar a cabo un despliegue de semejante alcance y sistematicidad, valiéndose de la estructura y recursos del propio estado, descarta de plano la posibilidad de que agentes de bajo nivel en la estructura jerárquica de la AFI hayan actuado por cuenta propia”, dijeron hace casi un año los fiscales que por entonces tenían la investigación por el presunto espionaje ilegal que se llevaba adelante desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.
Lo que Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide aún no sabían (aunque lo sospechaban) es que la causa podía irse a Comodoro Py, donde está hace más de seis meses y desde donde surgieron una serie de rumores sobre posibles nulidades y declaraciones sobre un cuentapropismo que dejarían a salvo a la rama más política.
Esta semana, en una nota del diario La Nación se evidenció por primera vez algo que era un rumor dentro de Tribunales: la posibilidad de que la Cámara sea parcialmente anulada o que se pueda desmembrar para solo investigar a los eslabones más bajos de la cadena de espionaje. Es decir, tomar la teoría que esbozaron los ¿por ahora? procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y determinar que los espías actuaron de forma independiente, un grupo de “cuentapropistas” que utilizaron su cargo para seguir personajes con relevancia política y recabar toda la información posible acerca de ellos.
Cristina Kirchner, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, el juez Martín Irurzun; Hugo y Pablo Moyano; Jorge Ferraresi; Florencia Macri y su pareja Salvatore Pica son algunas de las personas que fueron víctimas del espionaje. Hasta ahora, los procesamientos habían abarcado a los integrantes del ya famoso grupo de whatsapp “Super Mario Bros” pero también involucraban a Arribas y a Majdalani. Ya la causa había perdido algo de contenido cuando la situación de Darío Nieto, secretario privado de Macri, se dejó en una falta de mérito pero el hecho de hacer lugar a los planteos de las defensas sería directamente cortar de plano la responsabilidad de la estructura estatal.
Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens son los jueces de la Cámara Federal que deben resolver sobre los procesamientos. La duda que surgía por tribunales y entre algunos de los querellantes es cómo se lograría considerar como agentes libres a aquellos espías que formaban parte de manera oficial de la AFI. ¿Es posible desligar el componente político cuando hay evidencias que demuestran el nexo y conocimiento que tenían Arribas y Majdalani de lo que sucedía? ¿Cómo puede justificarse el espionaje a Florencia Macri? ¿Se puede dejar de lado en el análisis judicial la forma en que Arribas llegó a la AFI y su vínculo no solo ejecutivo sino personal con el ex presidente?
“La Cámara es camaleónica: con mucho menos que esto han confirmado procesamientos de Cristina que luego se cayeron”, explicó a Data Clave un fiscal federal que ve desde afuera la disputa. Lo cierto es que ante estos rumores, varios querellantes (incluido el Colegio Público de Abogados) se presentaron en las últimas horas para recusar a los jueces Bertuzzi y Llorens. "Que se publique en un periódico con una tendencia determinada es demostrativo de una simpatía o cercanía con un grupo político específico y en expedientes como estos, es diabólico suponer que los jueces fueron ajenos a esta operación. De lo contrario ya hubiesen adoptado las medidas correspondientes", remarcaron en el escrito que firmaron Jorge Rizzo y el ex camarista Mario Filozof. El reclamo apunta a apartarlos antes de la decisión, que de todas formas terminará (sea cual sea el resultado) en la Cámara Federal de Casación.
Mientras estos movimientos se determinan por arriba, en la etapa de investigación el juez Marcelo Martínez de Giorgi debe definir si le da a un grupo de acusados la razón en una nulidad que invalidaría casi toda la causa. Desde hace tiempo, la defensa de dos de los implicados sostiene que el modo en que fue conseguido el allanamiento y secuestro del celular del narco Sergio “Verdura” Rodríguez no fue legal. A partir de ese análisis es que surgió el resto de la prueba: grupos, seguimientos, informes. Si el planteo tiene éxito, la causa que sacudió a Cambiemos quedará en la nada.