Las escenas que se vivieron días atrás en el marco de una movilización en rechazo a la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno encendieron las alarmas de la oposición y de las organizaciones de Derechos Humanos. Sucede que las fuerzas de seguridad reprimieron con excesiva violencia a los manifestantes.

“Durante los tres días en que la Cámara de Diputados discutía la Ley ‘Bases’, las fuerzas de seguridad federales y de CABA montaron en las inmediaciones del Congreso un verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes; al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales”, informaron desde la Comisión Provincial por la Memoria. 

En un extenso informe presentado en Diputados, solicitaron que “las modificaciones que se proponen para el Código Penal, previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, no sean aprobadas, toda vez que consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes”.

Y agregaron: “Frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el Gobierno nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación. Sin embargo, el registro de los hechos de represión demuestran que las fuerzas de seguridad actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social”.

En la misma línea, desde la CPM remarcaron: “La represión brutal desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dan cuenta de que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios, a través de la puesta en marcha de dispositivos represivos que buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático”.

El monitoreo del operativo sobre los tres días de protesta relevó “una gran cantidad de hechos de violencia contra manifestantes, ocasionados principalmente por el uso indiscriminado de gas pimienta u otros químicos, disparos de armas de fuego con postas de goma y golpes con palos, bastones o “tonfas”, por parte de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Según la información de la Posta sanitaria de trabajadores de la salud ubicada en la zona del Congreso, durante esos tres días al menos 285 personas sufrieron diferentes tipos de lesiones por la represión. Durante el primer día de la manifestación, más de 150 personas fueron atendidas por los gases que generaron quemaduras químicas con un dolor severo. En ese sentido, se observó el empleo direccionado y a corta distancia contra el rostro, generando gran impacto en la vista y vías respiratorias.

En la movilización del 1° de febrero, la represión fue particularmente liderada por el Grupo de Motorizada de la Policía Federal que avanzó contra las y los manifestantes, incluso por encima de la vereda y la plaza, disparando con postas de goma de manera indiscriminada. Durante esa jornada, desde la posta sanitaria informaron la atención de alrededor de 70 personas con heridas producidas por los impactos con postas de goma, muchas de estas encima de la cintura, incluyendo cuello y ojos, esto es, en zonas que está expresamente prohibido disparar por los protocolos de actuación de la fuerza pública y normativas nacionales e internacionales. De todas ellas, 10 personas fueron indicadas como código amarillo por su gravedad. 

También se atendieron personas por cuadros de afección respiratoria, quemaduras en la piel, traumas en clavícula, testículo, manos y varios esguinces. A una persona un perdigón le perforó al lado de carótida, a otras les impactaron en oídos. Varias personas heridas por arriba de las tetillas. Un jubilado debió ser trasladado por el SAME a un hospital. También se relevaron casos de gas pimienta aplicados en la boca.

El 2 de febrero el dispositivo sanitario atendió 65 personas: 48 de ellas afectadas por gases químicos, 5 con broncoespasmos u obstrucción de vías respiratorias ocasionados por estos productos, 6 personas con cortes en la cara, frente o cabeza y otras 6 con traumatismos en tobillos y muñecas, todas lesiones producidas por golpes con tonfas o palos.

El informe de la CPM presentado a la Cámara de Diputados, también señala con preocupación el ataque, en el marco de la represión, a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Esta situación es particularmente grave y contraria a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resalta el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal.

Según el informe, el caso más grave es el del abogado del CeProDH Matías Aufieri que recibió un disparo en el ojo y fue intervenido quirúrgicamente. Por otra parte, la directora general de la CPM Sandra Raggio recibió el impacto de seis postas de goma, el secretario ejecutivo de la CPM Roberto Cipriano García y el coordinador del área de seguridad y justicia Rodrigo Pomares fueron alcanzados por los gases y la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura Rocío Alconada Alfonsín recibió un puntapié de un policía motorizado. Las cuatro personas fueron agredidas cuando estaban cumpliendo la tarea de monitoreo y lo hacían con la identificación correspondiente.

“Durante el dispositivo represivo montado en estos tres días se produjeron aprehensiones policiales arbitrarias; todas ellas encuadradas en los tipos penales de Atentado y Resistencia a la autoridad, y a algunos casos se agregó el delito de lesiones. De acuerdo a lo informado judicialmente fueron 14 las personas detenidas, sin embargo la Ministra de Seguridad de Nación y su par de CABA Waldo Wolff declararon públicamente que fueron 31 las detenciones. En un hecho de enorme gravedad institucional, más de 48 horas después de los hechos, las autoridades ejecutivas no respondieron sobre estas diferencias. O hay detenidos sin intervención judicial o hay poca rigurosidad en la construcción de la información que se difunde, en ambos casos resulta grave desde el punto de vista institucional”, remarca el documento.

Y subraya: “De aprobarse el capítulo de la Ley “Bases” que propone modificaciones en el Código Penal previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, se consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días –como se describe en el informe-, un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes”.