El marido de una diputada propulsora de la "Ficha Limpia", a juicio por administración fraudulenta

La diputada Marcela Campagnoli es una ferviente militante de la "Ley de Ficha Limpia", que busca inhabilitar a los condenados por corrupción para presentarse en elecciones.  El proyecto fue impulsado por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, y fue respaldado por La Libertad Avanza, el bloque de la UCR liderado por Rodrigo De Loredo, y la Coalición Cívica a la que pertenece Campagnoli. La medida busca establecer un "filtro ético" para los candidatos, especialmente en casos de corrupción, y que de acuerdo a los vientos políticos podría interpretarse como un intento directo de inhabilitar a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad.

Campagnoli asumió en 2007 como concejal del Partido de Pilar, y en 2015 asumió como Secretaria de Educación de ese municipio, cuando Nicolás Ducoté, el intendente, la eligió para el cargo. Por entonces coincidió en la función pública municipal con su marido, también funcionario de Ducoté en Obras Públicas. 

Por ese tiempo el hermano de la funcionaria, el fiscal José María Campagnoli se mostraba como un enemigo declarado de la gestión kirchnerista, a la que tildó como "peor que el menemismo" y a la ex presidenta como "hipócrita", y atravesaba un jury de enjuiciamiento porque la entonces procuradora, Alejandra Gils Carbó, consideró que “avasalló reglas básicas de competencia” y no respetó “reglas de confidencialidad” en la causa que involucraba a Lázaro Báez, quien había sido denunciado  por los financistas Elaskar y Fariña, en el programa televisivo de Jorge Lanata; el mismo periodista que tiempo después filmaría a un supuesto testigo contra el entonces candidato a gobernador Aníbal Fernández, en el mismísimo living de Elisa Carrió, íntima de Campagnoli. Con la salida tumultuosa de Gils Carbó de la procuraduría, Lilita propuso al fiscal para reemplazarla. 

¿Quién es el marido de Marcela Campagnoli?

Pero volvamos al Municipio de Pilar y a Guillermo Iglesias, el marido de Marcela Campagnoli. Iglesias es un empresario de la construcción que durante décadas se desempeñó en el ámbito privado y focalizado, específicamente, en la obra pública, a la que accedía en sociedad con Alemarsa S.A, la principal contratista en diversos distritos de la primera sección electoral. La misma Carrió supo denunciar que algunas de esas obras se definían directamente en el despacho del entonces Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. 

Antes de recalar en Pilar, Iglesias había sido Secretario de Obras Públicas de Merlo, durante la intendencia del kirchnerista Gustavo Menéndez; y fue articulador de obras para el intendente Hugo Curto, el histórico dirigente de Tres de Febrero. En la famosa investigación por los "bolsos de López" apareció mentado el nombre de Iglesias, básicamente por su aparente vínculo con el Grupo Farallón de Desarrollos Inmobiliarios, con sede en Pilar y perteneciente a Eduardo Gutiérrez, quien es el propietario del chalet donde vivía el ex subsecretario de Obras Públicas del kichnerismo, José Lopez, antes de que lo encuentren escondiendo bolsos con dinero en un convento de monjas. 

En Pilar y durante la gestión de Humberto Zúccaro, al que reemplazó Ducoté, el Grupo Farallón fue uno de los principales proveedores de obra pública, vínculo que se cortó abruptamente luego de que Gutierrez acusara al intendente de "coimero", lo que dio fin a una relación no solo contractual sino de amistad personal. Gutiérrez había sido Secretario de Hacienda y de Gabinete de Pilar con el intendente Bivort y asesor del mismísimo Zúccaro, fue presidente del PJ de Pilar pero paralelamente financista de la Fundación de Gabriela Michetti, y socio de Brito y de los hermanos Caputo en otros emprendimientos inmobiliarios. Un hombre de amplio espectro político. 

Iglesias, la obra pública y los dos lados del mostrador 

Por lo que, cuando asumió Guillermo Iglesias como Secretario de Obras Públicas de Pilar, se retomaron las licitaciones que favorecieron al Grupo Farallón y a Alemarsa S.A, la empresa de la que había sido parte hasta poco antes el mismisimo Iglesias. Con las dos venía desde muchos años antes interactuando de los dos lados del mostrador. 

La forma de contratar a Alemarsa S.A sin que fuese tan claro el conflicto de intereses fue a través de otra empresa: Sach S.A., con la que Alemarsa se registró en AFIP como en unión transitoria. En 2017 las dos empresas tenían, incluso, la misma dirección: Riobamba 1236, Piso 8°, Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sach S.A era propiedad de Germán Mataco Chávez, que además proveía al intendente Menéndez de Merlo de portentosas camionetas 4x4 para el uso personal del funcionario y su esposa. Cuando Iglesias dejó Merlo para trasladarse a Pilar, dejó una estela de denuncias por corrupción y conflicto de intereses que no llegaron a los estrados judiciales. 

En Pilar, Sach fue responsable de trabajos en las calles Dorrego e Iparraguirre en la localidad de Presidente Derqui, y en el final del 2016 fue la ganadora de una licitación de $30.000.000 por arreglos de calles en el distrito vecino de General Rodríguez, gobernado por el macrista Darío Kubar.

Otra de las empresas favorecidas por la obra pública pilarense durante la gestión secretarial de Gutiérrez fue la Cooperativa Unión y Progreso, otra subsidiaria de Alemarsa S.A. La Cooperativa fue favorecida con proyectos de asfalto en Presidente Derqui y en el barrio Cachorros de Del Viso. Uno de los primeros proyectos de la gestión de Iglesias fueron los trabajos hidráulicos sobre la calle Chacabuco en Villa Rosa a través de la Cooperativa. Se anunciaron con un cart

el en la puerta del country Club de Campo Pueyrredón y que tenían como principal objetivo evitar los desbordes del arroyo. Los vecinos dieron cuenta que los caños solo se extendían a lo largo del country, ignorando a toda la barriada popular de alrededor y que, precisamente, es en ese barrio cerrado donde vivía o vive aún el matrimonio Campagnoli-Iglesias.

Estas decisiones detrás de las que siempre se entreveía la mano de Guillermo Iglesias no pasaron inadvertidas ni para funcionarios de gobierno, ni para concejales, ni para la prensa pilarense. En su momento tuvo enfrentamientos con la Secretaria de Servicios Públicos, Analía Leguizamón y con José Luis Montalvo, el ex Director de Hidráulica, que dejó su cargo luego de denunciar "que con ese hombre no iba a trabajar porque lo obligaba a diseñar los pliegos de licitaciones para beneficiar a una empresa amiga".

Poco se pudo chequear en el portal de Datos Abiertos que maneja la Secretaría de Modernización del Municipio y que cuando se creó, en la administración Ducoté, asistió Elisa Carrió para promocionarlo: las licitaciones de 2017, el año de los cuestionamientos, brillan por su ausencia, justo cuando entró Iglesias. 

A fines de 2019 y ya a un paso de retirarse, Nicolás Ducoté y Guillermo "Willy" Iglesias notaron las deficiencias de la red cloacal en Villa Verde y Peruzzotti. Como el tiempo apremiaba,  decidieron contratar de manera directa (sin licitación) a la Cooperativa Unión y Progreso, a la que asignaron, además de trece millones cobrados en 2018, una partida de quince millones más a través del decreto N°3359/19. Más del doble de lo presupuestado inicialmente. 

Ducoté e Iglesias también firmaron, en esos días,  la readecuación de precios en las obras de infraestructura del Barrio Monterrey. Por esa decisión la UTE Servicios y Gestión SA-Alpina Negocios SA cobraron más de $22.000.000. 

Llegó la hora de la justicia: Iglesias en el banquillo

En esta última semana se supo que el ex intendente de Pilar y su Secretario de Obras Públicas y marido de Campagnoli, están a un paso del juicio oral acusados de "administración infiel en perjuicio de la administración pública" por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio. La Justicia no determinó el monto total del perjuicio al Estado pero superaría los 27 millones de dólares.

Los fondos surgen de tres convenios celebrados en 2016  para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas para las que la firma Tordel S.A.  ganó la licitación y según la fiscalía “efectuaron en distintos estadios de la maniobra aportes que derivaron en la desviación de los fondos que fueron girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar, en favor de terceros y en perjuicio de la administración pública nacional". Tordel es propiedad de Sergio Miguel Russo, también procesado en la causa, y en pareja con la ex concejal de Pilar durante la administración zuccarista y ex intendenta interina de Pilar, Liliana Monje. 

El procesamiento fue dictado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien incluyó un embargo de 100 millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Ducoté, Iglesias y otros funcionarios. La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación presentada por la defensa, que buscaba se declare incompetente al fuero federal para que la investigación volviese a fojas cero.

La diputada Campagnoli, mientras llegaban las notificaciones a su casa del barrio privado que daban cuenta de las denuncias contra su marido; bregaba en el Congreso por imponer la ley de Ficha Limpia, sin conseguir el quorum necesario. Indignada por la falta de compromiso de sus compañeros congresistas en pos de impedir actos de corrupción, declaró ante CNN Radio: "No hay que dar clases de moral con la bragueta abierta".