El conflicto político que sacude a Neuquén sumó un nuevo capítulo con el fallo del juez Sebastián Casanello, quien decidió no intervenir en la denuncia presentada por la vicegobernadora suspendida, Gloria Ruiz. La funcionaria había acusado a varios diputados provinciales de urdir una maniobra ilegal para destituirla, pero el magistrado consideró que el caso corresponde a la justicia local.

En su resolución, Casanello señaló que los hechos denunciados ocurrieron exclusivamente en Neuquén, lo que hace improcedente que un tribunal federal de Buenos Aires se ocupe del asunto. Según su argumento, “la competencia territorial asegura una mejor actuación de la justicia, al permitir que el proceso se lleve a cabo cerca de las pruebas y testimonios”.

La presentación de Ruiz, realizada junto a su abogado Sergio Broitman, acusaba a los diputados de delitos como asociación ilícita, cohecho y abuso de autoridad. Sin embargo, Casanello criticó el planteo por incluir “un catálogo extenso de infracciones sin referencias fácticas claras”. La causa será derivada al Juzgado Federal de Neuquén, donde se evaluará si las acusaciones tienen sustento jurídico.

Ruiz fue suspendida la semana pasada por la Legislatura neuquina, tras un escándalo que involucra a su hermano Pablo Ruiz, acusado de transferir de manera irregular cerca de 30 millones de pesos a su cuenta bancaria personal desde el Poder Legislativo. En respuesta, la vicegobernadora presentó su denuncia contra varios diputados, calificando su suspensión como un “golpe institucional” impulsado por sus exaliados políticos, entre ellos, el gobernador Rolando Figueroa.

Entre los legisladores mencionados en la denuncia figuran Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore y Carina Riccomini, quienes habrían impulsado la resolución que apartó a Ruiz por 30 días. También fueron señalados otros actores políticos, como el presidente de CALF, Marcelo Severini, y la diputada Tania Bertoldi, a quienes la funcionaria acusa de haber negociado “arreglos espurios”.

Además de las imputaciones contra su hermano, Ruiz enfrenta cuestionamientos por decisiones polémicas durante su gestión, como la compra de una camioneta Toyota de alta gama y la adquisición de bombones con fondos estatales por más de cuatro millones de pesos. Esta semana, se sumó otra controversia: el gasto de $32 millones para organizar un evento religioso liderado por la sanadora Leda Bergonzi, celebrado en agosto.

Mientras tanto, la Comisión Investigadora de la Legislatura, encabezada por Guillermo Monzani, avanza en el análisis de las denuncias contra la vicegobernadora. El organismo no solo evalúa las presuntas irregularidades en la gestión de Ruiz, sino también el rol que su hermano desempeñó en el presunto fraude estatal.

Con este fallo, Casanello sentó un precedente clave para futuras disputas judiciales entre actores políticos. La decisión deja a Ruiz sin margen para apelar en Buenos Aires y obligada a enfrentar su batalla legal en territorio neuquino, donde los jueces locales tendrán la última palabra.