El gremio de UATRE recuperó el manejo de su obra social tras concluir la intervención judicial
Juzgado Federal de Santa Rosa, en La Pampa, dispuso que la organización gremial está en condiciones de recuperar el manejo de la prestadora de salud. La entidad sindical se comprometió a "desarrollar mecanismos para garantizar la transparencia" en la atención a sus afiliados.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anunció la recuperación de la administración de su obra social, OSPRERA, que había sido intervenida por la Justicia Federal en marzo de 2023.
“La UATRE reafirma su autonomía y capacidad de gestión en un tema tan sensible como la salud de los trabajadores del campo. La reincorporación de OSPRERA bajo la gestión de UATRE representa un fortalecimiento de la unidad gremial y permite a futuro una representación más sólida y cohesiva de los derechos de los trabajadores rurales”, enfatizó José Voytenco, Secretario General del gremio a través de un comunicado.
El dirigente recordó que, a lo largo de su rica historia, “UATRE y OSPRERA han sido pilares fundamentales en la construcción, defensa y apoyo de los derechos de los trabajadores rurales en Argentina”.
De este modo, ambas organizaciones “han trabajado en conjunto para asegurar mejores condiciones laborales y de salud para sus afiliados”, remarcó el gremio por medio de un comunicado.
Por otra parte, al recuperar la administración de OSPRERA se garantizarán la puesta en marcha de mecanismos de prevención, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos: “Cada peso que ingrese se utilizará para el beneficio de los trabajadores”, aseguraron desde la organización sindical.
“Con la gestión de OSPRERA nuevamente en manos de UATRE, reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de los afiliados, proporcionando servicios de salud de calidad y un respaldo constante en momentos de necesidad”, concluyó Voytenco.
En junio pasado, el Juzgado Federal de Santa Rosa entendió que la entidad de salud “se encuentra en condiciones de efectivizar la normalización correspondiente” y estaba en condiciones de nombrar a su Consejo Directivo.
Por otra parte, ordenó la designación de un “veedor judicial” por el término de un año, quien tendrá las facultades de “participar en el dictado de las resoluciones, controlar el estricto cumplimiento de las normas legales, participar en el armado de la estructura funcional de la Obra Social y del control de gestión”, entre otros mandatos.