El gobierno del presidente Javier Milei deberá brindar explicaciones en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión y la criminalización a la protesta social ejercida por el Estado en Argentina.  

De esta forma, el Ejecutivo deberá responder ante una serie de presentaciones que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) formuló ante el organismo en función de “los retrocesos en materia de derechos humanos” que se verifican en el país desde el comienzo de la administración libertaria.       

“A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina”, señaló el CELS en un comunicado.  

La audiencia comenzará a las 15 y será transmitida en vivo en el canal de YouTube de la CIDH: https://www.youtube.com/@ComisionIDH, indicó el organismo defensor de los derechos humanos.  

“Desde la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, informamos a la CIDH sobre la implementación de diferentes políticas del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar en el espacio público”, remarcó la entidad.  

Represión de la protesta

En un informe que dio a conocer el Centro, de acuerdo a las estimaciones fueron 665 personas las heridas de distinta gravedad, sólo en CABA, durante estos seis meses de gestión. 80 sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario y 47 trabajadores de prensa sufrieron heridas.

El CELS recordó que en distintas presentaciones ante la CIDH dio cuenta de “la violencia represiva y la criminalización de manifestantes” que se produjeron en movilizaciones y protestas contra las políticas que aplica el oficialismo. “Las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de las denominadas “armas menos letales” como balas de goma, gases irritantes y palos, incluso contra trabajadores de prensa”, se subrayó en el documento.

Advirtió, además, que, “mediante algunos discursos, el gobierno pretende deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores”.

“Estos mensajes son luego reproducidos por integrantes del poder judicial, que imputan por terrorismo e intento de golpe de Estado a las personas detenidas al voleo en las manifestaciones y sin aportar ningún tipo de prueba concreta que respalde tal acusación”, afirmó el CELS.

El organismo de derechos humanos se presentó recientemente como “amicus curiae” ante la Cámara Federal, que debe resolver la situación de cuatro personas que aún continúan detenidas tras los incidentes que se originaron en inmediaciones del Congreso cuando se debatió la Ley Bases en el Senado, el pasado 12 de junio.

En esa jornada, 33 personas resultaron detenidas por las autoridades policiales y el fiscal federal Carlos Stornelli les imputó los delitos de “sedición y terrorismo”, en base a un comentario formulado en la cuenta de la red social x “Oficina del Presidente”, en la cual se difunden habitualmente comunicados y declaraciones de Milei.

Por todo eso, la CIDH convocó al gobierno argentino a dar explicaciones sobre “estos retrocesos que se denuncian en el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.

“La audiencia fue convocada a pedido del CELS junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS", puntualizó el comunicado.