El Gobierno nacional, en su búsqueda por reducir el gasto público, dispuso la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal ferroviaria que no tenía a su cargo la operación de trenes, sino la gestión de recursos humanos en el sector ferroviario. Con esta medida, se despidieron a 1.388 empleados: para la Secretaría de Transporte, un triunfo porque supuestamente “ahorrrarían” unos $42.000 millones,

DECAHF era una de las cinco subsidiarias de Trenes Argentinos, creada con el objetivo de organizar y realizar actividades relacionadas con la capacitación, especialización, formación y gestión de personal en el sector ferroviario. Entre sus responsabilidades también figuraban el Archivo Histórico Documental Ferroviario y el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz". Sin embargo, el Gobierno consideró que sus funciones se superponían con las de otras empresas del Estado, lo que motivó la decisión de disolverla.

Franco Mogetta, secretario de Transporte, sostuvo en una conferencia de prensa que la empresa no cumplía funciones esenciales para el sector ferroviario, y que la medida responde a la necesidad de evitar gastos innecesarios en una economía con altos niveles de pobreza. "Estamos reduciendo un costo mensual de más de $3.200 millones, y cada vez que encontremos funciones duplicadas, trabajaremos para eliminarlas", afirmó Mogetta.

Durante los últimos años, DECAHF amplió sus funciones, involucrándose en obras públicas y contrataciones que, según el Gobierno, no correspondían a su estatuto original. Entre 2019 y 2023, la empresa gastó alrededor de 10 millones de dólares en obras que, según las autoridades, no eran necesarias para el sector ferroviario. 

En cuanto al destino de los empleados, Mogetta explicó que aquellos con funciones específicas seguirán trabajando bajo otra estructura estatal, aunque no se brindaron detalles sobre cuántos empleados serán reubicados. La mayoría de los despedidos tenían empleos permanentes, no temporales, lo que marca una diferencia respecto a otras áreas del sector público.

En paralelo, el Gobierno también eliminó el Instituto Argentino del Transporte, creado en 2014 con el objetivo de colaborar en la planificación estratégica del transporte en el país. Según el comunicado oficial, el Instituto nunca llegó a cumplir con sus metas, y muchas de sus funciones ya eran cubiertas por otros organismos, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Transporte. Esta eliminación también forma parte de las políticas de ajuste fiscal que lleva adelante la administración de Javier Milei, bajo el lema de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

La disolución de DECAHF y el despido de sus empleados se enmarca en un contexto de recortes más amplios dentro del Estado. Desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024, el Gobierno ya ha despedido a 28.000 trabajadores públicos, lo que representa una reducción del 5,7% en la plantilla estatal. Dentro de este ajuste, las empresas del Estado vieron una disminución de casi 9.900 empleados. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, aseguró que estas decisiones permitieron un ahorro total de $36.000 millones.

Este tipo de recortes ha generado controversias, especialmente por el impacto que tiene en los trabajadores, pero desde el Gobierno se insiste en que estas medidas son necesarias para equilibrar las cuentas públicas y destinar los recursos a quienes más lo necesitan. En el caso de DECAHF, las autoridades argumentan que su cierre es un paso hacia una administración más eficiente, en línea con las promesas de Milei de achicar el Estado y mejorar la gestión del gasto público.

A medida que avanzan los recortes en el sector público, el Gobierno sigue evaluando la continuidad de otras empresas y organismos estatales. Los próximos meses podrían traer nuevas decisiones en áreas clave para la estructura estatal.