Diputados y senadores de la Bicameral de Inteligencia, con presencia solo de oficialistas, presentaron el informe semestral que le fue encomendado a mediados de año en una resolución firmada por los presidentes del Congreso. Con la firma de Cristina Kirchner y Sergio Massa se les asignó la fiscalización y seguimiento de la Dirección de Asistencia judicial en Delitos complejos y Crimen Organizado, D.A.Ju.De.C.O. 

En la presentación, el presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, señaló los detalles del informe que fue entregado en mano a los presidentes. “Se tomaron distintos testimonios y se recabó información de todos los juzgados en donde tuvo relación la AFI. Se cruzaron estos datos con datos de las “pre-causas” que funcionaron como máscaras del espionaje ilegal”, explicó. 

El informe final se presentó con el aval de la totalidad de los miembros en cuanto a su contenido técnico, según informó el vocero del oficialismo, el diputado José Cano (UCR) dijo que no había nada para objetar desde el punto “de vista técnico”. Pero sí mantuvieron disidencias sobre la redacción final del dictamen elaborado.

“Nos dedicamos a investigar lo que hizo la D. A. Ju. De. C. O., que se creó por DNU, el primero por fuera de la creación de los ministerio del presidente Mauricio Macri el 24 de diciembre de 2015”, dijo Moreaú y agregó: “La Corte no tuvo en cuenta su propia doctrina y rápidamente aceptó estar a cargo de la oficina aún cuando ni siquiera se había tratado el DNU en el Congreso”.

El diputado apuntó como “un hecho gravísimo” está acordada que se impuso a facultades que le corresponden al Congreso. “El parlamento no solo designa jueces también dicta el marco normativo”, afirmó. En este sentido, indicaron que la creación de esta oficina de escuchas a cargo de la Corte produjo que quienes producían la prueba después del proceso tenían la decisión de valorarla. 

Moreau comentó que en algunos casos “donde las escuchas se filtraron” luego era la misma justicia que debía definir sobre las denuncias. En el caso puntual de las escuchas de Oscar Parrilli, el propio juez Martín Irurzun, a cargo de D. A. Ju. De. C. O, tuvo que definir la denuncia como camarista. “No hay antecedentes en el mundo que la Corte Suprema de Justicia tenga el control de las escuchas. El mismo poder que produce la prueba después lo tiene que juzgar”, dijo el presidente de la Bicameral. 

A su turno, el senador Parrilli fue directo a echar las culpas a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno de Mauricio Macri. “Los responsables de esto son la Corte con Macri, Arribas, Majdalani y Garavano. Los diputados de la oposición querían hacer quedar esto como que lo hizo la Corte, no, lo hizo la Corte pero con la connivencia de funcionarios del Poder Ejecutivo”, disparó.

Como conclusión, Moreau confirmó que todas estas irregularidades “severas” afectan la intimidad y derechos básicos de las personas. “Se han sustituido facultades del Congreso. Creemos que esto debe ser abordado por el parlamento, es evidente que esta oficina (D. A. Ju. De. C. O) se dedicó a la militancia persecutoria. No quiero exagerar porque hemos tenido terrorismo de Estado, pero aqui se pretendió erigir un terrorismo judicial”, concluyó.