El Estado cerca de sumar más control sobre la hidrovía a través del Congreso

Tras 25 años de concesión, y en los albores de un nuevo proceso licitatorio, el objetivo del Gobierno es que el Estado tenga un rol más protagónico sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná y el sistema de navegación troncal. 

En ese sentido, el Ejecutivo decretará la creación de un organismo de control conformado por Nación y las siete provincias que comparten el río por el cual salen más del 70% de las exportaciones argentinas. 

Y esta tarde se avanzó en la creación de otro organismo que supervisará no sólo el proceso de licitación que se lleva a cabo sino también lo que será luego la administración de la vía troncal. Se trata de una comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la licitación y del funcionamiento, que estará conformada por seis senadores y seis diputados representando las distintas regiones del país.

En ese sentido, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Peticiones Poderes y Reglamento despacharon esta tarde el dictamen del proyecto ya sancionado por el Senado. Con un apoyo casi unánime, la iniciativa está lista para ser tratada en el recinto y dar el paso previo a convertirse en Ley.

Entre otras facultades, la comisión “tendrá por objetivo el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la hidrovía, del sistema de navegación troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.

Además, “podrá solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la hidrovía, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales”.

La comisión estará habilitada para “auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la hidrovía”, y deberá elaborar un informe anual que será remitido al Poder Ejecutivo Nacional. 

“El objetivo es hacer una diferencia después de 25 años de concesión, tomar una activa participación en lo que es el contralor sobre el sistema de navegación que incluye a nuestra hidrovía”, dijo la diputada oficialista Mayda Cresto en el comienzo del debate.

Atilio Benedetti, del radicalismo, afirmó que "hace falta que el Estado tenga una activa participación en el control de todo tipo de exportaciones. Acompaño y espero que podamos tener la representación de la provincia ribereña en la Constitución de esta Comisión".

“Los empresarios, productores y trabajadores hacen a la soberanía productiva, manifestaron además de falta de control, la necesidad de intervención sobre lo que es los costos de los fletes y los derechos que se cobran en las concesiones”, aseguró Eduardo Fernández, del Frente de Todos. 

“Me parece que es evidente la falta de control sobre el transporte y las cargas que son transportadas a lo largo de la hidrovía, unas de las causales principales es la falta de seguridad, convirtiéndose así en un lugar para el crimen organizado", aportó Mariana Stilman, de la Coalición Cívica.

En los próximos días se conocerán más detalles de la licitación convocada por el Gobierno nacional que lleva adelante el Ministerio de Transporte y que se discute en el marco del Consejo Federal por la Hidrovía. El presidente Alberto Fernández ya anticipó que para el servicio del dragado se ofertará la concesión a una empresa multinacional, mientras que para el balizamiento podrán competir firmas locales.

Pero además, el mandatario anticipó que el Estado se hará cargo del control y cobro del peaje de la Hidrovía, un negocio que representa ingresos superiores a US$300 millones, para luego pagar por los servicios a las empresas que obtengan la concesión.

No obstante, no cede la presión de un sector del kirchnerismo para que estatizar la hidrovía, y que el Estado se haga cargo de todo el funcionamiento de la vía troncal. Desde el Ministerio de Transporte insisten en que no existen los recursos para semejante tarea, pero que con los organismos de control creado y con la decisión de avanzar sobre los peajes se recuperará un rol que hasta acá no existía. 

Esa presión volvió a manifestarse este domingo en la “proclama del 20 de junio”, que contó con firmas de legisladores nacionales y dirigentes del Frente de Todos, exigiendo “retomar el control y administración de la red troncal, a la que podría asistir la Administración General de Puertos (AGP), con intervención del recientemente creado Consejo Federal por la Hidrovía y de la Comisión de Control y Seguimiento que cuenta con media sanción del Senado”.

Tras este pedido, desde la Casa Rosada insistieron en que los planes no se modifican. De todas formas, el 30 de julio deberán tomar nuevamente la decisión de prorrogar la actual concesión a Hidrovía S.A. o avanzar en un plan alternativo.