"Todos los jueces tenemos convicciones, adherimos o no a un determinado credo, postura filosófica, política, etc,  pero el desempeño de nuestra magistratura nos exige al momento de resolver desprendernos completamente de nuestra subjetividad a fin de que las decisiones sean objetivas y conforme a derecho. Así lo he hecho en el presente   caso resolviendo desde un punto de vista estrictamente jurídico-legal, atendiendo a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con rango constitucional, Código Civil y Comercial de la Nación y Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes Ley Nro. 26.061". Esa fue la respuesta del juez Alfredo López al planteo que hizo el Estado Nacional para apartarlo del expediente donde decretó la semana pasada la "inaplicabilidad" de la ley 27610 para la interrupción voluntaria del embarazo.

La batalla para ver qué sucede con esto está en manos de otro juez de Mar del Plata, el titular del Juzgado Federal 2 Santiago José Martín, que deberá decidir a quién le da la razón en este conflicto. Esta situación se originó luego de que el Estado Nacional, al conocer el fallo de la semana pasada, haya presentado no solo su apelación para que se deje sin efecto la resolución de López sino también una recusación contra el magistrado. 

La abogada que representa al Estado Nacional argumentó que López debe ser recusado y sacado del expediente por  parcial y por haber adelantado opinión. En esa presentación, se hizo foco en las declaraciones públicas, televisivas y por redes sociales que hizo el juez López, donde no solo se mostró en contra del aborto sino que se denominó como "católico y respetuoso de la vida humana”.

"La condición de juez solo veda la actividad política partidaria pero no quita su condición de ciudadano y los derechos que para todos los habitantes del suelo argentino garantiza la Constitución Nacional: como la libertad de expresión, libertad de opinión, de cátedra, etc. No le está cercenado el derecho a la libre expresión no pudiendo interpretarse su actividad en las redes sociales como 'prejuzgamiento' o causal de recusación, circunstancia que jamás le ocurrió al Suscripto hasta ahora", contestó el juez López en su escrito.

La disputa por quién será el juzgado que se quede con este expediente tiene el condimento de que la cautelar fue presentada por un abogado procesado en una megacausa que investiga estafas cometidas contra Anses en Mar del Plata. Ahora, todo está en manos del juez Martín, que de darle la razón al Estado seguramente se quedará con la causa. 

Las presentaciones contra la IVE se multiplican en juzgados federales y provinciales del país, sin demasiado éxito hasta el momento. Hace algunas horas, dos fiscales pidieron que se confirme el rechazo a otro planteo contra la ley hecho por el partido NOS en Bahía Blanca. “Es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”, sostuvieron el fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.