El Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°17 ordenó que la denuncia por violencia de género contra el juez Gustavo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, pase a investigarse a los tribunales federales de Comodoro Py al considerar que hay hechos que tienen vinculación con su deber como magistrado.

La causa inició en el Juzgado Civil N°12, lugar en el que al magistrado se le dictó una prohibición de acercamiento por 90 días contra la mujer que lo denunció por hechos que habrían ocurrido en 2015, cuando mantenían una relación sexo-afectiva, tal como reveló Data Clave.

La medida cautelar implica que no puede acercarse en un radio inferior a los 200 metros y que también tiene prohibido cualquier tipo de contacto físico, telefónico, por correo electrónico, por vía de terceras personas y/o “por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante”.

Para tomar la decisión, el Juzgado Civil tuvo en cuenta la entidad de los hechos denunciados y lo que surge del informe interdisciplinario de situación de riesgo elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Además de la prohibición, se lo intimó a Hornos para que “cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la denunciante”. En caso de no hacerlo, el caso podría ser remitido a la justicia penal.

En el nuevo fallo al que accedió Data Clave, que corresponde al Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°17, la denunciante enumera una serie de hechos que sufrió por parte de Hornos en los que se describen escenas sexuales sin consentimiento, amenazas y abuso de poder en su rol de juez federal. La denunciante, según el expediente, no deseaba instar la acción penal porque tenía miedo, ya que “Hornos la habría amenazado para evitar que ella formulara la denuncia”. “Yo soy Juez, tengo mucho más poder que vos”, le habría dicho.

En ese marco, el fallo al que accedió este medio dice que “corresponde resolver en el sentido propiciado por el representante del Ministerio Público Fiscal, habida cuenta que algunos de los hechos denunciados versan sobre un potencial aprovechamiento por parte del imputado, de su calidad de Magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido, como del acceso a las herramientas del estado y la utilización en su favor personal”.

También se menciona que Hornos “habría presuntamente enviado a personal de operaciones de inteligencia a vigilar y amenazar a la denunciante; todo lo cual le habría otorgado un mayor poder vulnerante a sus alocuciones”.

Ante esto, el fallo plantea que “los hechos relatados conforman un mismo conflicto enmarcado en violencia de género, lo que impone su estudio y juzgamiento de manera conjunta, aun cuando algunos de ellos si se los analizara individualmente podrían resultar de competencia ordinaria”, pero “lo cierto es que su fragmentación obstaculizaría la eficacia de la investigación y podría implicar una revictimiazción de la damnificada al declarar y someterse en reiteradas oportunidades ante distintos tribunales cuando los hechos se encuentra enmarcados en un mismo contexto”.

Para no dividir la causa, y teniendo en cuenta que lo que también se investiga es si Hornos aprovechó su rol de juez federal, el Juzgado ordenó que la misma se investigue íntegramente en Comodoro Py, asegurando que “es la mejor solución para la investigación de la totalidad de los hechos denunciados, dado que es competencia de la justicia de excepción la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por o contra empleados y funcionarios federales en el desempeño de sus cargos o funciones”.