Ayer por la noche, la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py tomó una decisión que resonó en la arena internacional: ordenó la indagatoria y detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de su aliado político, Diosdado Cabello, bajo imputaciones de violaciones a los derechos humanos. Esta medida es el último paso en una serie de acciones que Argentina ha tomado bajo la figura del principio de justicia universal, un concepto del derecho internacional que permite a cualquier Estado perseguir judicialmente crímenes que, aunque cometidos en otros países, afectan a la humanidad en su conjunto.

El principio de justicia universal, aunque no es nuevo, es menos conocido. Básicamente, permite a un país intervenir legalmente en delitos que constituyen crímenes contra la humanidad, genocidio, o crímenes de guerra, sin necesidad de que el delito haya sido cometido dentro de su territorio. Este principio fue invocado en casos emblemáticos a nivel mundial, incluyendo la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó su extradición por crímenes cometidos en Chile. Pero Argentina también tiene su propia historia en la aplicación de este principio, vinculada tanto a la persecución de represores locales como a su contribución en la justicia internacional.

Un ejemplo clave de la aplicación de este principio es la intervención del juez Baltasar Garzón en España, quien, en los años 90, abrió investigaciones contra represores argentinos responsables de crímenes durante la dictadura militar. En ese entonces, en Argentina estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían juzgar a casi todos los involucrados. Garzón actuó bajo el principio de justicia universal, permitiendo que crímenes cometidos en Argentina fueran investigados y juzgados en tribunales españoles. Esta reciprocidad jurídica fue clave para abrir camino a posteriores juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.

En una acción similar, la jueza argentina María Servini se ha involucrado en causas que persiguen crímenes cometidos fuera del país. Un caso emblemático es su investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo en España. La querella presentada por familiares de víctimas y organismos de derechos humanos españoles derivó en una causa judicial en Argentina, donde se investiga a funcionarios y miembros del régimen franquista por delitos de lesa humanidad. Este proceso aún sigue en marcha y es otro ejemplo del alcance que puede tener la justicia universal cuando se trata de delitos que afectan a la humanidad en su conjunto.

Otro precedente importante es el caso de Myanmar, donde la justicia argentina solicitó la captura de 23 militares y funcionarios, incluido un expresidente, por crímenes de genocidio y lesa humanidad contra la población rohingya. Esta intervención argentina en un país tan lejano geográficamente demuestra el compromiso de los tribunales locales con el principio de justicia universal y el reconocimiento de que los crímenes más atroces no deben quedar impunes, sin importar dónde ocurran.

En este contexto, la reciente decisión de la Cámara Federal en el caso de Maduro y Cabello no sorprende. Los crímenes que se les imputan en Venezuela, que incluyen persecuciones políticas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, han sido documentados por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la ONU. Argentina, al invocar la justicia universal, se posiciona como un actor relevante en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones masivas a los derechos humanos.

Es importante recordar que este principio no está exento de desafíos. La ejecución de órdenes de captura en otros países depende de la colaboración internacional y de la aceptación de esta jurisdicción extraterritorial por parte de las naciones involucradas. En el caso de Venezuela, el escenario es complejo, ya que el gobierno de Maduro cuenta con el apoyo de aliados estratégicos que podrían dificultar su detención. Sin embargo, la emisión de estas órdenes pone sobre la mesa un debate crucial sobre la responsabilidad de los líderes en la violación sistemática de derechos y el papel que pueden jugar los países terceros en la búsqueda de justicia.

La medida de la justicia argentina también refuerza el compromiso del país con la defensa de los derechos humanos a nivel global. Este compromiso ha sido una constante en la política exterior argentina desde el regreso de la democracia, y hoy, con la mirada puesta en Venezuela, se vuelve a reafirmar su posición frente a crímenes que trascienden fronteras.

La detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello dependerá ahora de la cooperación internacional. La orden de captura está en manos de Interpol, pero su ejecución enfrenta complejidades diplomáticas.