La declaración de las comunicaciones como servicio público "es una ley y hay que cumplirla", afirmó hoy el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, para subrayar que el Gobierno no tiene una "guerra" contra algún grupo empresario, al referirse a las presentaciones judiciales de distintas empresas del sector contra el DNU 690.

"Esta es una ley y hay que cumplirla. Acá no existe una guerra contra nadie, solo queremos que se cumpla la ley. Eso les exigimos a las empresas, no sólo el Enacom, sino también el Poder Judicial", aseveró Ambrosini, en declaraciones a Télam.

Para salir del congelamiento de precios dispuestos entre agosto y diciembre del año pasado, el Ente nacional de Comunicaciones aprobó un incremento desde enero del 5% en los precios de los servicios que las empresas con más de 100.000 clientes y del 8% para las que tiene menos usuarios.

Grandes empresas como Telecom, Telefónica y Telecentro, plantearon a la justicia la inconstitucionalidad del decreto, y facturaron enero con aumentos superiores a al 5%.

"La Justicia ya falló en tres oportunidades y rechazó la medida cautelar que las empresas presentaron: una fue en el caso de DIRECTV y Telecentro, otra con Telefónica, y ahora con Telecom", recordó Ambrosini.

"Esto es, le da la razón al Estado respecto a la fuerza de ley que tiene el Decreto 690, ratificado por el Congreso, y reafirma la resolución de Enacom y las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo", agregó el funcionario.

Precisó que las empresas que facturaron por encima del incremento autorizado por el ente, "ya fueron intimadas por Enacom, por lo tanto, deberán devolver de manera urgente el dinero que cobraron de más, ya que el fallo de la Cámara sostiene que las prestadoras no demostraron que con el aumento autorizado se vean perjudicados sus planes de inversiones".

En el sector privado, referentes de las grandes empresas indicaron que "no queremos perder el diálogo con el Gobierno", y que "ajustaremos los precios a lo que establece la ley, pero también tenemos derecho a pedirle a la justicia que defina la constitucionalidad del decreto".

Tal como contó con precisión Data Clave, otras empresas se suman a la rebelión que inició Cablevisión. Del otro lado, el Gobierno se mantiene en su postura de confrontar contra los aumentos desmedidos y exige que "tienen que devolverle el dinero a la gente".