Secretos de la Casa Rosada: Guzmán le envía mensajes a Cristina

“Si el Estado subsidia las tarifas, eso se paga de alguna forma: con impuestos, con deuda o con emisión”, sostuvo esta semana el ministro Martín Guzmán. Esta afirmación le valió muchas ironías en las redes sociales que consideraron a la reflexión como una verdad de Perogrullo. En la Casa Rosada, sin embargo, se explicó que en realidad se trató de un mensaje interno dirigido al Instituto Patria, el sector más duro del kirchnerismo.

Cristina Fernández “no está dispuesta a rifar su base electoral” y difícilmente “se ganen elecciones aumentando tarifas y permitiendo subas de precios”, señaló Data Clave la semana pasada y esta postura no ha cambiado.

Guzmán también afirmó, con relación a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que "tener un acuerdo alrededor de mayo sería aceptable". Esta expresión se interpretó como otro mensaje dirigido a la propia tropa, dado que ya tomó estado público, incluso en Estados Unidos, que sectores duros del Gobierno preferirían diferir el entendimiento con el FMI para después de las elecciones de octubre, tal como adelantó Data Clave el año pasado.

Esta semana, en la habitual conferencia que realiza el organismo multilateral cada quince días, su vocero, Gerry Rice, dejó en claro que el plazo para el acuerdo es una intención del ministro argentino y no algo ya acordado con el Fondo. El Palacio de Hacienda, asimismo, dejó trascender que Guzmán pensaba ir a Washington próximamente para acelerar el acuerdo con el FMI. Rice se limitó a señalar que tenía “entendido que el ministro pensaba viajar”, pero no confirmó ninguna reunión puntual.

¿Por qué el ministro pisa el acelerador? Fundamentalmente porque aspira a que no se descuide la situación fiscal, pese a ser un año electoral, idea predominante dentro del sector más cercano al presidente Alberto Fernández. En este orden, y de acuerdo al presupuesto, por ejemplo, las tarifas deben acompañar a la inflación proyectada (29%).

Se diferencia, en este sentido, con la posición asumida por la vicepresidente que se muestra “inflexible” en cuanto a no aumentar de manera significativa las tarifas para los sectores de menores recursos, precisamente para no erosionar las chances del Frente de Todos en la próxima votación, a pesar de que ello suponga un mayor déficit fiscal.

Las diferencias no se limitan al problema tarifario. Otro caso son las asistencias por la pandemia. Por indicación del Ministerio de Economía, este año no está previsto otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni llevar adelante el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Esta posición no es compartida por sectores del kirchnerismo que consideran necesario mantener este tipo de ayudas para algunos sectores específicos.

La evaluación que se realiza dentro del Gabinete Nacional -y que entusiasma a los funcionarios- es que tanto la industria como la construcción se están recuperando razonablemente bien, dentro del marco de la pandemia.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero creció 4,9% interanual en diciembre 2020 y registra una segunda suba consecutiva, de acuerdo a lo informado oficialmente.

Estos datos se complementan, según el Ministerio de Trabajo, con que hoy hay 300.000 los trabajadores suspendidos  -cuando en el peor momento de la recesión llegaron a 750.000- y agregan “las altas laborales actualmente superan a las bajas” como comentó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Por esta razón es que consideran que ya no son necesarios los ATP y limitan la ayuda estatal a los RePro.

Se trata de un subsidio del Estado de $9.000 pesos por trabajador, siempre y cuando las empresas demuestren que le es difícil cumplir con sus compromisos. La medida ha recibido críticas porque, por un lado, este monto es muy bajo -se estima que el sueldo promedio de los trabajadores formales varía entre 55.000 y 62.000 pesos, neto de descuentos-. Por otro, no se trata de un mecanismo automático, demanda un proceso burocrático sujeto a la decisión oficial.

A nivel oficial afirman que los RePro se otorgarán a unas 10.000 empresas que emplean a 300.000 trabajadores. Se calcula que en la Argentina existen más de 800.000 empresas de donde resulta muy difícil creer que sólo 10.000 empresas necesitan asistencia en el marco de una pandemia y con una caída del PBI de 10% el año pasado.

De todas maneras el Gobierno apuesta a “negociar con trabajadores como empresarios un acuerdo de precios y salarios”. Los bancarios -que tienen salarios más altos que el promedio de los trabajadores- cerraron una paritaria en línea con lo establecido en el presupuesto nacional -29%- . Para el ministro Guzmán, en algunos casos cerrar paritarias un par de puntos por encima del 29% sería correcto, dado que la aspiración oficial es que se recupere el poder adquisitivo.

La resistencia vendrá por el lado empresario. “La mayoría de las pymes están mal, numerosos rubros están facturando menos de la mitad que el año 2019, muchas empresas tomaron créditos el año pasado para enfrentar la pandemia, no será fácil poder pagar los salarios”, sostenía un empresario textil. En tanto algunas grandes empresas, en particular las alimenticias que se ven afectadas por los Precios Máximos, se quejan del incremento en los costos por diversos factores (entre ellos la aplicación de los protocolos COVID).

Además, argumentan ¿qué pauta de incremento de precios fijarán? El temor es que esta sea magra.

Retenciones

La conducción económica enfrenta dos problemas simultáneos de corto plazo: la aceleración de los precios y la falta de dólares en el Banco Central. Y si bien ha planteado la necesidad de llegar a acuerdos para encausar el proceso inflacionario, no solo la “zanahoria”, sino también el “garrote” están en el recetario oficial.

Esta semana el INDEC dará a conocer el índice de precios de enero. Las consultoras adelantan que rondará el 4% pero el dato que más preocupa al Gobierno es la suba de los alimentos, que iría de 4 a 6%, según distintos cálculos privados.

Según la medición de Eco Go. el rubro Alimentos y Bebidas registró una suba de 4,5% mensual el mes pasado, con una variación interanual que se ubicó en 43,3%.

La seguidilla de aumentos es impactante. Según la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, en la primera semana del mes pasado la carne vacuna aumento en el orden del 5%, en la segunda semana el pollo se encareció un 7%, el pescado también subió en el mes (+9%) y fue en la tercera semana.

A esto se sumó una nueva etapa de precios cuidados, con subas promedio de 5,6% tanto en los 400 productos que se mantuvieron del ciclo anterior como en los 260 nuevos productos. A su vez, en el mes se destacaron subas en frutas (+10,9%) y productos panificados, cereales y pastas (+2,2%).

Los precios en general y los valores de los alimentos en particular tienen estrecha vinculación con el dólar. Para que las cotizaciones alternativas (contado con liquidación, blue, bolsa) no se disparen -y generen presiones adicionales sobre el tipo de cambio oficial- el Gobierno tiene que contener el ritmo de la emisión monetaria.

Dado que no existen los milagros para cumplir con estos objetivos, el Gobierno puede financiarse con más impuestos o bajar el gasto (el financiamiento internacional está cerrado).

En este contexto se explican las declaraciones de la vicejefe de Gabinete, Cecilia Todesca, en cuanto a que en el Gobierno “no se descarta una suba de retenciones”.

Para la vice jefa de gabinete “la solución no puede ser que los precios de los alimentos se disparen en Argentina por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”. Si bien remarcó la necesidad de mantener el dialogo, sostuvo que “no tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos”.

En particular se refería a los encuentros que vienen manteniendo con el sector de trigo y maíz -por el momento sin resultados- . Cabe recordar que el Poder Ejecutivo está facultado para aplicar un derecho de exportación máximo en cereales del 15%. A la fecha la retención vigente en trigo y maíz es de 12% del precio FOB.

En los pasillos de la Casa Rosada estiman que es muy probable que se eleven las retenciones -mal que le pese al campo- pues significaría matar dos pájaros de un tiro: aumentaría los ingresos del Estado y acotaría la suba en los precios de los productos exportables.

Los dirigentes del sector rural ya salieron a cuestionar este posible aumento. Más aún, sotto voce algunos advierten que, si se adopta la medida, se vendrá una "nueva 125" contra el Gobierno (el paro agropecuario de 2008 que frenó la suba de retenciones).

A modo de referencia, Kazajstán y Argentina comparten la primera posición entre los países con más recaudación forzada por impuestos a exportaciones (en relación a su recaudación total) según señala Marcelo Elizondo sobre la base de datos del Banco Mundial.

Bajo control

Cabe indicar que en el Gobierno conviven sectores que tienen una mirada muy crítica de las empresas. De acuerdo con los estudios de sectores del kirchnerismo, un grupo de grandes alimenticias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex Kraft, Molinos Cañuelas y Morixe). Citan como ejemplo que, en la producción y venta de aceite comestible, Aceitera General Deheza (familia Urquía), Molinos Río de la Plata (Grupo Pérez Companc) y Arcor (Pagani) tienen el 90% del mercado interno. Y Oleaginosa Moreno-Glencore (Estados Unidos), Vicentín y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) concentran el 90% de las ventas externas de oleaginosas.

Más allá de la certeza de números, para un sector del kirchnerismo estas empresas son las responsables de la “suba de los precios de los alimentos”. Cuestionan la existencia de mercados concentrados y los acusan de cartelización.

Es por esta razón que el oficialismo impulsa en el Congreso una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. La iniciativa, que fue debatida en el Senado, apunta a un mayor control al ampliar los actos que se consideran concentración económica mediante toma de control de una o varias empresas, entre otras iniciativas.

Uno de los temas que más preocupó a la oposición y al sector empresario es la inclusión, a última hora, de la creación de una Secretaria de Investigación de Mercado con amplias facultades bajo la órbita de la Secretaria de Comercio, es decir de Paula Español. Señalan que de 17 artículos acordados en comisión pasaron a más de 21.

Uno de los más críticos es el diputado Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio. A su juicio, las modificaciones que impulsa el kirchnerismo en el Senado “sólo buscan más discrecionalidad para el Ejecutivo”.

Al respecto, señala que, el kirchnerismo quiere eliminar el concurso público para las designaciones en el Tribunal de Defensa de la Competencia “y designar el tribunal a dedo”. Según su opinión, la ley que en su momento propició Cambiemos dotó de más institucionalización a la Autoridad Nacional de la Competencia para que tenga mayor independencia y profesionalismo, pero ahora el kirchnerismo quiere “bajarla de rango y devolverla al ámbito de la Secretaría de Comercio Interior”, es decir dejarlo en manos del Gobierno.

Entre los analistas tiende a crecer la impresión que el Gobierno apuntará a distintos mecanismos de “represión” de las variables económicas para sostener el salario y asegurar sus posibilidades electorales. En lo inmediato, lo reducción a menos de 50% en las tasas de los futuros del tipo de cambio estaría indicando que el mercado contempla la posibilidad que el Banco Central comience a desacelerar el ritmo de actualización del dólar, al tiempo que se mantienen -o acentúan las restricciones a la importación-.

En el mismo sentido de intentar frenar la inflación jugaría la decisión de “pisar” las tarifas y aplicar políticas generales de controles de precios.

A favor de esta estrategia influye la mejora en las condiciones internacionales. Al respecto, la FAO acaba de informar que el índice de precios de los alimentos (es decir, los productos que más exporta el país) subió en enero 4,3% y alcanzó su nivel más elevado desde julio de 2014.

Pero la estrategia oficial no está exenta de riesgos. Más allá de la acumulación de tensiones que supone una política de freno de las variables, en general los economistas coinciden en que el principal riesgo es que la conducción no logre controlar la inflación y aumenten las tensiones en el frente cambiario.

Postergar las elecciones

Dado que el objetivo principal del gobierno es sostener y en lo posible ampliar su base electoral, en la cumbre que hubo este jueves en la Casa Rosada entre el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Wado de Pedro, se avanzó en distintos escenarios electorales y opciones para las PASO, tal como adelantó en exclusiva Data Clave.

Una de las alternativas que se barajó fue postergar la fecha de las elecciones primarias y hacerlas el último domingo de septiembre. De ser así, las elecciones generales pasarían a diciembre.

Si bien el Gobierno ha dejado trascender que existen razones sanitarias para el diferimiento -las campañas de vacunación- en la oposición se cree que el oficialismo aspira a ganar tiempo con la expectativa de que la consolidación de la recuperación económica mejore sus chances electorales.

De todas maneras, la eventual modificación del cronograma electoral será una decisión del Parlamento.