En plena feria judicial, desde el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, llegó una denuncia que involucra nada más y nada menos que al titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Alberto Crescenti por violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

El jueves 20 de julio, dentro del pabellón 29 de la Unidad Residencial VI de la cárcel de Devoto, hubo una pelea que derivó en que uno de los detenidos terminara con una herida cortopunzante a la altura de las costillas. 

Ante esta situación, el hombre fue derivado al hospital que se ubica dentro del complejo, donde recibió atención médica inmediata. No obstante, debido a que la vida del preso corría peligro, los médicos del penal consideraron que debía ser trasladado de manera urgente fuera de Devoto.

Como es habitual, se llamó al SAME. En ese momento, un operador les avisó que por orden de Crescenti no asistirían más a realizar este tipo de traslados ni atenciones en ambulancia. De acuerdo a la denuncia presentada por el Servicio Penitenciario Federal ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y a la que accedió Data Clave de fuentes judiciales, nunca hasta ese momento se le había informado la decisión que tomó el servicio de emergencias ni tampoco se explicaron los motivos.

Como el estado de salud era grave, el paciente fue trasladado hasta el Hospital Vélez Sarsfield en un móvil de traslado común. “Cabe indicar que el ilegítimo proceder que se denuncia no encuentra asidero legal”, se sostuvo en la denuncia donde se señaló como posibles responsables de la violación de deberes o del abandono de personas tanto a Crescenti como al operador que atendió la llamada, que se identificó como “coordinador” del SAME.

En la causa, que cayó en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº41, consta el informe de la médica que atendió al detenido y que mostró su preocupación ante esa directiva del SAME, ya que el centro médico penal “recibe pacientes que requieren urgente atención hospitalaria en forma continúa y sin contar con ambulancia de traslado”.

Dentro de la presentación, se aclara que los funcionarios o empleado públicos (como lo son los integrantes del Servicio Penitenciario) están obligado a denunciar cualquier tipo de situación que podría configurar delito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación.