El diputado Gerardo Milman fue denunciado este jueves por el presunto delito de “aceptación de dádiva”, luego de que Data Clave diera a conocer los vínculos del legislador con una empresa proveedora del Estado.

La denuncia es impulsada por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien recientemente solicitó que se investigue al legislador de Juntos por el Cambio por presunta “malversación de fondos públicos”. La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, a cargo de Daniel Rafecas, y ahora el curso de la causa lo deberá definir el fiscal Carlos Stornelli.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio quedó envuelto en una extraña situación ante la detención de una allegada suya en un control policial de la ciudad de Buenos Aires, cuando manejaba con un registro de conducir apócrifo, un vehículo perteneciente a una empresa proveedora del estado, que obtuvo millonarias contrataciones durante el gobierno de Mauricio Macri.

Lo llamativo es que el vehículo involucrado es propiedad de una firma contratada por Presidencia de la Nación, la Casa de la Moneda, el ministerio de Seguridad y los bancos Nación, Central y Provincia de Buenos Aires durante la gestión Cambiemos. 

Se trata de la "Metalúrgica Oliva S.A”, una empresa dedicada principalmente a la seguridad de caudales, y que se vinculó con la cartera que, por entonces, era conducida por Patricia Bullrich, secundada por el mismísimo Milman para ofrecer los servicios de blindaje de vehículos para traslado e intervención de Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Para el denunciante, “resulta francamente llamativo, y altamente sospechoso” que el legislador denunciado se encuentre como “único” autorizado a circular con cédula azul aunque el dominio se encuentra registrado a nombre de la empresa, tal como contó Data Clave.

“La cédula azul a nombre de Milman es indicio suficiente para considerar que el diputado ha recibido el automóvil en consideración a su oficio, es decir en su condición de ViceMinistro de Seguridad que facilitó negocios para la empresa que puso el vehículo a su disposición. Evidentemente se manejaba como el propietario del rodado sin serlo, y todo ello da cuenta de la necesidad de profundizar estas relaciones”, fundamentó Castro Bianchi.

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En la denuncia, el abogado hizo mención a la ley de ética en el ejercicio de la función pública (25.188), la cual dispone que los “funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

“La consecuencia normativa de llevar a cabo este tipo de conductas, se encuentra receptada en el Código Penal, sancionando al funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio”, añadió el denunciante.