La Cámara de Diputados se prepara para discutir uno de los proyectos más polémicos del año: la implementación del juicio en ausencia para delitos como genocidio, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. Respaldado por legisladores de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y UCR, el proyecto busca garantizar que los procesos judiciales no queden paralizados por la falta de los acusados.

La iniciativa se sustenta en la necesidad de cerrar una brecha histórica en casos emblemáticos como el atentado a la AMIA o la voladura de la Embajada de Israel, donde los principales responsables siguen prófugos o fuera del país. Según el texto, el juicio podrá realizarse si el imputado ha sido declarado en rebeldía y han transcurrido al menos 12 meses desde que se libró una orden de captura internacional. Además, se garantiza la defensa del ausente a través de un abogado particular o un defensor oficial.

“El juicio en ausencia es una herramienta imprescindible para combatir la impunidad. No podemos permitir que quienes huyen se beneficien de un sistema que paraliza la justicia”, sostuvo Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

Aunque el dictamen de mayoría parece avanzar, no todos los bloques están de acuerdo. Desde Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez expresó su apoyo con “disidencias parciales”, mientras que su colega Rodolfo Tailhade calificó la medida como “inconstitucional” al vulnerar el principio de defensa en juicio. En tanto, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, afirmó que “se niega el derecho de los imputados a estar presentes, un pilar del debido proceso”.

Entre los argumentos de los detractores se destacan los riesgos de que esta herramienta sea utilizada como precedente para ampliar su aplicación a otros delitos, generando una potencial erosión de garantías constitucionales.

El debate llega en medio de una ofensiva del gobierno de Javier Milei contra el terrorismo, que incluye la firma de un memorándum de cooperación con Israel. Esta medida no solo refuerza la relación bilateral, sino que también busca posicionar al país como un aliado en la lucha contra el extremismo global.

En este marco, el juicio en ausencia busca ser una señal hacia la comunidad internacional por parte de LLA de que Argentina “está dispuesta a dar pasos concretos” para resolver causas que han permanecido estancadas por décadas. Sin embargo, este enfoque también genera tensiones internas, ya que parte del oficialismo teme que los costos políticos de la medida terminen beneficiando a la oposición.

Los detalles del proyecto

En julio, los ministros de Justicia y de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, anunciaron que enviarían al Congreso la modificación a la ley para permitir el juicio en ausencia. En el escrito, se indica que se busca cambiar el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 104 para establecer que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

“Se incluye expresamente la obligación de ordenar la notificación al imputado, a su defensor o, en su caso, a sus familiares o allegados sobre la declaración de ausencia y las disposiciones aplicables. Ante tal situación, continuará la representación del defensor ya designado o, si no lo tuviera, se nombrará a uno oficial”, se explicó en los fundamentos.

También se propone que, bajo pena de nulidad en todos los casos, el juicio en ausencia sea registrado por medios audiovisuales y debidamente resguardados hasta la culminación definitiva. “A su vez, la iniciativa prevé que excepcionalmente podrá realizarse un nuevo juicio si el imputado no tenía conocimiento del proceso en su contra o si, a pesar de tener conocimiento, no pudo comparecer al tribunal debido a un impedimento grave y legítimo”, se indica también y se resalta que este tipo de iniciativas vienen presentandose en el Congreso desde hace años.

El proyecto será debatido este jueves en el recinto, donde se espera una sesión con fuertes cruces entre oficialistas y opositores. De aprobarse (el Senado también debe dar su visto bueno), la medida marcaría un antes y un después para el funcionamiento del sistema judicial argentino, ofreciendo una salida a causas históricas que han quedado congeladas por la falta de avances concretos. Sin embargo, el desafío será garantizar que esta herramienta no se convierta en una excusa para flexibilizar derechos fundamentales.

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