Cuestionada concesión de glaciares en Mendoza: 12 mil hectáreas para un centro de esquí
Sin licitación pública, ni estudios de impacto ambiental, la provincia entregó las tierras a una empresa privada que planea un mega proyecto turístico. Cuestionamientos desde todos los sectores políticos y dudosa respuesta de la justicia.
El gobierno de Rodolfo Suárez se encuentra bajo la lupa por la concesión de 12 mil hectáreas de la Cordillera de los Andes a la empresa El Azufre S.A. para la construcción de un mega centró de esquí.
La decisión fue efectivizada mediante el Decreto Nº 2138, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, donde se detalló que se le entregaba a la firma "los sectores 1 y 8 del Campo Potreros de Cordillera". Rápidamente llamó la atención, primero, por la cantidad de territorio cedido, 10 veces mayor al actual centró de esquí más grande de Latinoamérica que es el Cerro Catedral, que cuenta con dos mil hectáreas.
Dicha zona es una con los mayores recursos hídricos de la provincia, sin accesos directos y según organizaciones ambientalistas "fueron entregados de manera gratuita" y sin una evaluación medioambiental que debe realizarse por ley en la provincia de Mendoza, como en el resto del país. Tampoco se llamó a licitación pública para la adjudicación, como marca la ley para este tipo de casos.
La polémica no solo resonó en las organizaciones civiles sino también en todos los arcos políticos, oficialistas y opositores, que pidieron a Suárez que rinda cuenta de los detalles del negocio y, en este momento, se encuentra debatiendo en el senado mendocino.
Ahora, legisladores pidieron a la justicia que investigue el tema por el que ya se expidió. Para el fiscal de Estado, Fernando Simón, "no existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación", ya que "la ocupación de los terrenos por la propia empresa El Azufre S.A., habiendo invertido allí en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos concretos para su emprendimiento turístico proyectado".
"Específicamente, su ocupación preexistente sobre los terrenos donde se desarrolla el proyecto, las inversiones ya realizadas en ellos y el destino turístico como objeto principal de su emprendimiento son los extremos que sostienen la legitimidad de su pretensión por derecho propio", agrega el dictamen.
Lo llamativo del dictamen es que sostiene que "al no haber otros interesados no existe obstáculo para su asignación a la empresa solicitante", a pesar que nunca se realizó una licitación pública ni se presentaron los estudios correspondientes.