Cruces entre el gobierno y organismos de DDHH por el cierre de la Unidad Especial de la CONADI

A través del Boletín Oficial, el gobierno dio a conocer hoy la disolución de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. El órgano perteneciente a la CONADI fue creado en 1992 para garantizar la restitución de las identidades robadas durante la última dictadura cívico-militar que hubo en el país. 

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado a través de sus redes sociales para justificar la medida. “Esta unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”, remarca el texto publicado por la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona. 

“Al crear esta unidad en el año 2004 y arrogarle la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal", destaca el comunicado y agrega: "Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir nunca más bajo este Gobierno. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial”

Asimismo, criticaron a los gobiernos anteriores porque, a través de este organismo, “se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos”. De esta forma, agregan, "violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”. Además, aseguraron que el gobierno de Javier Milei respeta la “división de poderes” y que “vela por la protección irrestricta de los derechos de la vida, la libertad y la propiedad privada”. Por último, subrayó que el organismo cerrado era “incompatible” con la Constitución.

La respuesta de los organismos de derechos humanos

Abuelas de Playa de Mayo denunció una “nueva embestida del gobierno nacional” contra la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar. “La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nuera”, destacan en el organismo presidido por Estela de Carlotto. 

Desde Abuelas exigieron al Gobierno nacional que informe “cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad" y criticaron el desfinanciamiento y la eliminación de las áreas que atienden la problemática de los derechos humanos y el derecho a la identidad. A su vez, desmintieron el comunicado del Ministerio de Justicia por la división de poderes. “Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años”, afirman en el comunicado. 

A su vez, apuntaron contra el Gobierno Nacional, señalando que esta medida es “parte de un plan” que incluye la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. 

Por su parte, desde HIJOS repudiaron “el desmantelamiento de un organismo fundamental para garantizar la restitución de lxs más de 300 hermanas y hermanos que nos faltan”. Además, hicieron responsable al presidente Javier Milei y a su vice Victoria Villarruel y a “todos los legisladores” que mediante su voto “le dieron al gobierno nacional la capacidad excepcional de tomar decisiones inconsultas como es en este caso, la de destruir la unidad de investigación para niños/as apropiados”

“A 48 años de último golpe cívico-militar- eclesiástico, deseamos encontrarlxs a todxs para que, por fin, vuelvan a casa” afirman en el comunicado y concluyen: “Nadie podrá frenar el camino de memoria, verdad y justicia”.