En línea con su visión negacionista de la dictadura, el Gobierno de ultaderecha que encabeza Javier Milei resolvió mediante un decreto disolver la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante el gobierno militar, que funcionaba hace más de 20 años.

La medida se concretó través de la publicación del decreto 727/2024 en el Boletín Oficial de este miércoles, que alega que las facultades de este organismo de alguna forma violentaba la división de poderes que establece la Constitución Nacional.

La Unidad que ahora desmanteló el gobierno libertario formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que fue creada mediante la Ley N° 25.457, sancionada en 2001, con el objetivo de defender el derecho a la identidad de los menores. 

Su misión principal era coordinar la búsqueda de niños desaparecidos y nacidos durante el cautiverio de sus madres en el contexto de violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Argentina. 

Entre sus funciones, la CONADI tenía la tarea de colaborar con el Banco Nacional de Datos Genéticos y solicitar pericias genéticas para identificar a los menores desaparecidos durante la dictadura. La Unidad Especial tenía la facultad de acceder directamente a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo los de la Presidencia de la Nación y las Fuerzas Armadas.

Además, se le otorgaron poderes para requerir información, testimonios y documentos a estos organismos, así como la posibilidad de realizar investigaciones por iniciativa propia que luego debían informar a la Justicia, algo que había sido objetado desde el Poder Judicial.

Este fue el argumento para disolver el organismo al considerar que esa facultad de investigar “violenta el régimen constitucional”, así como tampoco considera que tenga “sustento constitucional” el hecho de que un organismo dependiente del Ejecutivo lleve a cabo medidas y tenga competencias que corresponden a otro poder del Estado.

Para argumentar su decisión, el Ejecutivo citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 5 de abril de 2005 en la causa “Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96″, que concluye que “el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18, que garantiza la defensa en juicio de la persona y sus derechos, y 109 de la Constitución Nacional que, basado en el texto del art. 108 de la Constitución de Chile de 1833, prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales”.

En consecuencia, el nuevo decreto publicado hoy establece que la "Unidad Especial de Investigación" creada por el Decreto 715/2004 deja de existir y que las funciones relacionadas con la investigación de los delitos de desaparición forzada deben ser asumidas por los órganos judiciales correspondientes.

Las Abuelas de Plaza de Mayo ya habían advertido hace dos meses sobre la intención del gobierno de disolver la unidad que buscaba identificar a los niños robados por los militares durante la dictadura.

“La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”, habían dicho las Abuelas. 

“Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas”, agregaron.