Coparticipación: cautelar de Ciudad para impedir que se haga efectiva la medida del Gobierno nacional
La administración de Horacio Rodríguez Larreta publicó un decreto en el que instruye a la Procuración a promover acciones contra el Estado. Cuánto perdería la Ciudad en lo que queda de 2020. Nuevo round en la pelea por los $35 mil millones.
La Ciudad de Buenos Aires se presentará ante la Justicia para frenar el decreto del Gobierno Nacional que transfiere 1.18 puntos de fondos coparticipables a la Provincia de Buenos Aires. Lo anunció el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anoche y lo oficializó un decreto publicado esta mañana, en el que se exhorta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover “la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional” a los fines que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad” de la medida del Ejecutivo.
Entre los considerandos, se plantea que la reducción del coeficiente “resulta un acto unilateral” que “implica una clara violación a las pautas constitucionales”. En el texto, la Ciudad se respalda en los principios de progresividad y legalidad, además como el de igualdad entre las provincias; uno de los ejes del discurso del jefe de gobierno porteño anoche en Uspallata.
En las resoluciones del decreto se instruye a la Procuración General a promover acciones judiciales contra el Estado, se pide por la nulidad y la inconstitucionalidad de la medida y solicita una medida cautelar que “disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”. Además, determina recomponer la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar por aplicación “del Decreto cuestionado”.
Anualmente, la quita de fondos coparticipable representa alrededor de $35 mil millones. De hacerse efectiva la medida la Ciudad perdería en lo que queda de 2020 unos $13 mil millones y en 2021, $53 mil millones.
El decreto publicado por el Gobierno de la Ciudad lleva las firmas del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel y el ministro de Economía, Martín Mura.