Condenaron a tres años de prisión en suspenso a Romina Picolotti por realizar gastos personales con dinero público
Pagó comidas y viajes particulares con el dinero destinado para el funcionamiento de su oficina. Debe devolver el dinero malgastado. Inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó hoy a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti a tres años de prisión en suspenso al considerarla responsable por la administración fraudulenta de fondos durante su gestión.
La Fiscalía había pedido para la ex funcionaria una pena de cumplimiento efectivo: tres años y nueve meses de prisión. Si bien la jueza Sabrina Namer y los magistrados Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu no coincidieron en la pena, si le dictaron una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y ordenaron que debe devolver el dinero afectado, una suma que actualizada representa unos 6.941.170 de pesos.
Picolotti vive ahora en Estados Unidos y tendrà que presentarse mensualmente ante el consulado argentino. Una vez que salgan los fundamentos del fallo, la defensa que representa a la ex secretaria tendrá diez días para llevar el fallo a la Cámara Federal de Casación.
“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno”, había dicho la acusada esta mañana.
En la instancia de “ultimas palabras”, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti volvió a reclamar su absolución en el juicio donde se la investiga por realizar gastos personales con dinero de la gestión pública. Pero los jueces no hicieron lugar a pedido.
“Se mal utilizó el dinero público para solventar gastos personales, que no tenían relación con la gestión; se abonaron comidas y almuerzos casi diariamente sin ningún tipo de restricción y control, cuando eso estaba expresamente vedado; se abonaron pasajes de avión para familiares, amigos –a quienes no les correspondía ese beneficio–, y para personas que no tenían vinculación con la Secretaría de Ambiente; y hasta se autorizó el pago de vuelos chárter muy costosos para viajar a la provincia de Córdoba, de donde Picolotti era oriunda, sin ningún fundamento razonable”, dijo el fiscal Diego Luciani cuando pidió tres años y nueve meses de prisión para Picolotti.
“Se trató de una deslealtad y un abuso discrecional del poder de administración que se le confirió como secretaria de Ambiente”, afirmó durante el alegato donde la consideró responsable por el delito de “administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública”.