Con el apoyo de un sector opositor en el quórum, el FdT busca aprobar una nueva moratoria
Unas 800 mil personas podrían jubilarse si se aprueba el Plan de Pago de Deuda propuesto por el oficialismo. El Frente de Todos logró el quórum en la Cámara de Diputados con ayuda de un puñado de bancas de bloques federales. Juntos por el Cambio no dio quórum y bajó cuando se consiguió.
El oficialismo intentará sancionar la ley de moratoria previsional, mediante la cual el Gobierno estima que alrededor de 800 mil personas podrían acceder a su jubilación, y aprobar digitalización de las historias clínicas. La sesión especial comenzó este martes cerca de las 11 de la mañana.
La actividad parlamentaria se encuentra prácticamente paralizada por la estrategia de Juntos por el Cambio de no dar quórum mientras el kirchnerismo mantenga abierto el proceso de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por esta razón, el Frente de Todos tuvo que recurrir a los bloques minoritarios e intermedios para abrir el debate en la Cámara de Diputados, en el último día del período de sesiones extraordinarias.
El tratamiento de la nueva moratoria fracasó a fines del año pasado cuando el interbloque de JxC y otros espacios opositores se negaron a dar quórum. En la principal bancada opositora hay diferentes posturas sobre si mantenerse inflexibles o comenzar a dar el debate. Juntos por el Cambio bajó al recinto una vez que el Frente de Todos y sus circunstanciales aliados alcanzaron las 129 presencias que permitan habilitar el inicio de la sesión.
Como anticipó el oficialismo, los cuatro diputados de la Izquierda, tres del Interbloque Provincias Unidas y al menos cuatro integrantes del Interbloque Federal se sentaron en sus bancas. Desde este último espacio colaboraron para que comience de la sesión los bonaerenses de Identidad -Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez-, y los dos socialistas santafesinos, Mónica Fein y Enrique Estévez. Fueron los últimos en sentarse, a tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario.
A la hora del debate, el diputado Carlos Heller (FdT) afirmó que “en Argentina un tercio de la población presenta problemas de informalidad laboral y esto es lo que deberíamos resolver; mientras tanto este proyecto es un paliativo necesario hasta que se resuelva el problema de fondo”, estimó.
JxC adelantó su rechazo minutos antes de la sesión en un comunicado con los argumentos en contra del proyecto oficialista. “El kirchnerismo reparte recursos que no existen”, dijeron.
Por último, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal aseguró que “nuestro interbloque va a acompañar este proyecto de ley pero advertimos acerca de que los gobiernos tienen que hacerse cargo de no asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico: tener un trabajo remunerado con aportes jubilatorios”, sentenció.
Digitalización de las historias clínicas
La Cámara Baja también buscará avanzar con el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.
El proyecto obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero su tratamiento quedó trunco en diciembre en medio de la disputa entre el FdT y JxC por la avanzada del Gobierno sobre el Poder Judicial. Si hoy la iniciativa no se convierte en ley perderá estado parlamentario.
La propuesta crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.
“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, señala el proyecto.
Otro punto de esta propuesta fija que el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas garantiza a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a este que la consulta de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado.