La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves la primera de las audiencias en las que recibirá testimonios de jueces y funcionarios en el marco del proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el oficialismo se topó con un obstáculo vinculado a las filtraciones de chats entre asesores de Horacio Rosatti y funcionarios del gobierno porteño, como el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. 

Estas conversaciones forman parte de la acusación contra el presidente de la Corte y Juntos por el Cambio cuestionó duramente su obtención y admisión como prueba. Además, el diputado Rodolfo Tailhade había pedido que se investiguen las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti.

En este escenario, la diputada y presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, reconoció que el oficialismo deberá "requerir la autorización de un juez”, y añadió: “Hubo algún cuestionamiento en ese sentido y preferimos preservar el procedimiento con todas las garantías correspondientes”.

Mientras esta discusión ocurría en la Cámara baja, en las redes sociales se filtraron nuevos chats que involucran supuestamente al ministro porteño -hoy en licencia- y al juez federal Sebastián Ramos, quien recientemente archivó una denuncia contra Robles. “Hola amigo! Te iba a escribir Justo. Solo para saber cómo andabas”, le dice Ramos a D’Alessandro en la conversación que circula en las redes sociales.

Ramos estuvo hoy en la audiencia y los diputados oficialistas le preguntaron por qué no ordenó medidas en la causa contra el funcionario del gobierno porteño. El juez federal explicó que su resolución fue en línea con lo que había dictaminado el fiscal Carlos Stornelli, que es quién debía convalidad el impulso penal o desestimarlo. Con el conocimiento de que se había filtrado los supuestos chats, los diputados le pidieron explicaciones por su vínculo con D’Alessandro, a lo que el magistrado contestó que no lo tiene.

Asimismo, señaló que "dictar el archivo" de la causa "fue una medida urgente" y aclaró que "en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba", como el allanamiento de un teléfono celular.