La difusión de los chats de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials tras su viaje a Lago Escondido decantó en una investigación judicial donde se analiza un presunto recibiendo de dádivas.

No solo el gobierno impulsó una acción legal, sino que organizaciones civiles y de Derechos Humanos reclaman al Consejo de la magistratura que avance en una investigación y, de hallarlos culpables, se proceda con el correspondiente juicio político para apartarlos de sus cargos.

Una de las entidades en alzar la voz fue la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que expresó: “que el hecho haya tomado estado público a partir del aparente robo y posterior difusión ilegal de las conversaciones de algunos de los involucrados en dicha trama, lo cual debe ser también adecuadamente investigado, no exime de responsabilidad política -y eventualmente penal y/o disciplinaria- a quienes deben brindar a la ciudadanía una explicación verídica y consistente de lo sucedido”.

En ese marco, apuntaron contra el Consejo y recordaron que “no existen procesos disciplinarios contra jueces y juezas que culminen en su destitución (ocurrió tan sólo 18 veces desde el año 1999); y, paralelamente, quienes son o fueron actores clave del accionar de nuestro aparato de inteligencia durante las últimas décadas tienen aún márgenes de acción amplísimos para seguir operando desde “los sótanos de la democracia”.

“Otra vez erupcionan algunas de nuestras cloacas institucionales, y las prácticas inconfesables de algunos sectores de poder se dejan ver para quien quiera verlas. Y el agua turbia, también esta vez, volverá a bajar. Pero este escándalo puede ser más que un nuevo escándalo. Una vez más, tenemos la oportunidad de tener un resultado distinto en favor de nuestra democracia: hay fiscales que tienen que investigar, juezas y jueces que tienen que juzgar, Consejeras y Consejeros de la Magistratura y autoridades políticas que deben impulsar procesos disciplinarios, referentes de los principales partidos que deben dejar de ver la paja sólo en el ojo ajeno y, por esta vez, no proteger irreflexivamente a los propios”, agregaron los firmantes.

Sobre el delito que se investiga, la entidad fue tajante: “es bastante obvio, pero vale la pena seguir diciéndolo: ni las y los jueces ni las y los políticos deberían aceptar recibir beneficios que no pueden confesar en voz alta por parte de otros sectores de poder. Y más obvio aún: tampoco pueden tratar de encubrirlo acordando fraguar documentación o influenciar las líneas editoriales del periodismo”.

“El funcionamiento adecuado de nuestra democracia se sanea de una sola manera: quienes conforman los distintos sectores de poder deben estar a la altura de los cargos que asumen y dejar de repetir estas prácticas, y quienes tienen responsabilidades de control deben hacer su aporte para que estas verdades salgan integralmente a la luz, tengan las debidas sanciones y se adopten las medidas necesarias para evitar la repetición de sucesos que erosionan la credibilidad y capacidad de acción de las instituciones públicas que nuestra comunidad política ha sabido construir”, finalizaron.

Por otra parte, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Madres en Lucha, son otras de las organizaciones que realizaron un reclamo similar.