Se acumulan las denuncias luego de la investigación de Data Clave sobre los sueldos paralelos en el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovelo.

Alejandro Diaz Pascual, un miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social” que define su objetivo al de “combatir la corrupción” en tiempos de libertad, es el promotor de una nueva denuncia penal por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos públicos contra la titular del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovelo, el ex Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de dicha cartera ministerial, Pablo De La Torre y el Director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis Scasso.

El denunciante basa su presentación por los “diversos trabajos periodísticos” que han trascendido públicamente donde se cuenta que la cartera de Capital Humano habría utilizado el organismo que conduce Scasso para contratar personal para dicho ministerio, y que no cumplían con “funciones definidas” y sus sueldos eran “desviados para otros fines ilícitos”.

“Queda de resalto que la Lic. Pettovello en uso de sus funciones públicas, suscribió convenios bilaterales con la OEI -cuyo director resulta ser Scasso- con el fin de que el organismo internacional gire fondos para la contratación de personal destinada a la Secretaría de De la Torre”, menciona la denuncia y agrega: “resulta evidente que Pettovello y Scasso buscan a través de la estrategia mediática desplegada, poner a De la Torre como único ideólogo y ejecutor del plan delictivo”. 

“Fue el propio entorno de De la Torre que dejó trascender que ‘nada se hizo sin el aval de la ministra Pettovello. Ni las contrataciones de personal a través de la OEI, como la decisión de retener alimentos…’”, apunta la presentación judicial y piden la calificación de asociación ilícita, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos públicos.

Como medidas de prueba, se solicita se libre allanamiento a las oficinas del Ministerio de Capital Humano, con el fin de “secuestrar toda documentación relativa” y a la oficina local de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de "secuestrar toda documentación relacionada".

Por último, piden que se cite a prestar declaración testimonial a la totalidad de las personas empleadas por el Ministerio de Capital Humano, a través de los convenios suscriptos con la OEI.