Días atrás se encendió la polémica entre el gobierno nacional y el sector del campo por la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de suspender la exportación de carne por 30 días. La iniciativa tiene el fin de intentar contener la inflación, que sumada a los efectos de la pandemia del coronavirus, genera un impacto letal en la economía.

Las entidades agrarias rechazaron la medida e iniciaron un paro que incluye el cese de comercialización de carne por 9 días. En tanto, el paro finalizará el 28 de este mes a las 24 horas y se prevé que cuente con la adhesión del Mercado de Liniers, las ferias consignatarias y se suspenda los remates previstos en todo el país.

En este sentido, hoy entró en vigencia la disposición luego de su publicación en el Boletín Oficial de hoy a través de la resolución 75/2021 del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El escrito que lleva la firma del titular de la cartera, Luis Basterra, sostiene que “de conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos”.

Y agrega: “esta situación ha generado que los precios internos acompañen los de exportación de la carne vacuna, en contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente. Aceptar sin más, la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica”.

Entre los argumentos de la medida, el decreto señala que “las actuales condiciones de agravamiento de la situación epidemiológica, sumadas a los efectos negativos acumulados por la vigencia en el último tiempo de medidas destinadas a evitar la propagación de la pandemia mediante la limitación del tránsito y reunión de personas, han tenido un innegable impacto, en la actividad económica".

Y añade: “atendiendo a las circunstancias apuntadas que responden a un estado excepcional de emergencia donde cuantiosos recursos del Estado han debido redireccionarse a gastos médicos sanitarios, así como también la asistencia alimentaria de cerca de diez millones de personas, se observa que la medida dispuesta es razonable y proporcionada a las dificultades que presenta un mercado con severas distorsiones y una crítica situación social, que pueden frustrar el acceso de la población a un producto esencial para su alimentación”.