Bullrich infla el pecho en el sur por su protocolo anti-piquetes: "Ley y orden"
Gendarmería aplicó por primera vez el protocolo y levantó un corte que estaba llevando a cabo el Movimiento Darío Santillán en el puente Cipolletti-Neuquén. Horas antes la Ministra de Seguridad había celebrado la "legalidad" del protocolo.
En el marco de las manifestaciones de este 20 de diciembre, el protocolo anti-piquetes de Patricia Bullrich tuvo su primera aplicación en el puente que une las localidades de Cipolletti y Neuquén.
Organizaciones sociales llevan a cabo la primera movilización contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milei en el marco del aniversario de las represiones a las protestas de diciembre del 2001, cuando fallecieron 39 personas y tuvo como desenlace la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
El Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que Gendarmería levantó un corte que estaba llevando a cabo el Movimiento Darío Santillán en el puente interprovincial y de esta manera lograron normalizar el tránsito en la zona.
El operativo estuvo coordinado con la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Río Negro. Por instrucciones del Dr. Zanona, Fiscal Federal de Río Negro, y siguiendo la orientación del Dr. Villanueva, Juez Federal de Neuquén, se ha dispuesto la permanencia de los efectivos en la zona.
Tras la aplicación del protocolo anti-piquetes que anunció la semana pasada, la Ministra de Seguridad escribió en sus redes sociales: “Ley y orden”.
Horas antes, Bullrich había anunciado que la Justicia determinó que el protocolo era “completamente legal”.
El premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel junto al exdiputado nacional del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y el Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS) habían presentado un habeas corpus. El mismo fue rechazado ya que consideraron que no se da “ninguno de los supuestos del artículo 3 inciso 1° de la Ley 23.098” de regulación del Habeas Corpus.
Esta norma precisa que “corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: 1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; 2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”.
Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad informaron que hasta las 10:50 de la mañana se recibieron 9760 denuncias en la línea 134, de las cuales 660 tuvieron relevancia.