Avanza la causa que el gobierno inició contra las prepagas: las empresas, en pie de lucha
El juzgado Civil y Comercial N°9 le pidió opinión a la fiscalía sobre si corresponde su intervención. Representantes de Swiss Medical, Medicus y Sancor Salud ya presentaron en el expediente diversos argumentos, incluso con una cita a un integrante de la Corte Suprema.
La demanda que el Gobierno Nacional inició contra varias empresas de medicina prepaga por aplicar aumentos desmedidos comenzó a dar sus primeros pasos en tribunales. La titular del Juzgado Federal Civil y Comercial N° 9, Mercedes Maquiera, le solicitó al fiscal Rafael Alberto Espínola si la denuncia del Ejecutivo es pertinente y corresponde su intervención. En tanto, representantes legales de las firmas como Swiss Medical, Medicus y Sancor Salud, apuntadas por la administración libertaria por haber incurrido en presuntas prácticas de “cartelización” presentaron en el expediente los fundamentos de sus defensas.
El 17 de abril pasado, la Secretaria de Industria y Comercio dictó una resolución que ordena a las empresas de medicina prepaga a “reajustar las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual” de la inflación, lo que implica que deberán retrotraer los precios a los valores de diciembre.
En base a esto, la administración del presidente Javier Milei oficializó una demanda judicial por “cartelización” con el objetivo de que las compañías le devuelvan la plata cobrada desde hace cuatro meses a los afiliados.
Entre las firmas denunciadas se encuentran prestadoras como Galeno, Sancor, la Obra social del gremio estatal de UPCN, OSDE, Omit, el Hospital Italiano, Médicus, Medife, Prevención y Swiss Medical, propiedad del empresario Claudio Belocotipp, quien un día antes de esta presentación, renunció a la titularidad de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara del sector.
En un oficio librado hoy, y al que tuvo acceso Data Clave, la jueza le solicitó al fiscal que se expida sobre su competencia en esta causa respecto de su competencia en “la materia, el territorio y el grado, como asimismo en función de los procesos colectivos que se encuentran en trámite vinculados a la cuestión aquí debatida”, es decir, la denuncia sobre “cartelización” del Gobierno a este grupo de firmas.
Antes de decidir sobre su competencia, la magistrada le solicitó al Gobierno que se especifique “si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno” por la resolución que emitió la Secretaría de Industria y Comercio, ya que se trata de una presentación similar a la denuncia que se formuló.
La postura de las prepagas
El argumento de las empresas es que los aumentos que aplicaron las empresas desde diciembre --que en algunos casos llegaron hasta el 200%-- están autorizados en el DNU 70/2023, firmado el presidente Milei, que dispuso una desregulación de la economía en precios y tarifas para los servicios que ofrecen estas prestadoras.
Los representantes de la empresa Sancor Salud cuestionaron en una primera presentación ante el Juzgado la competencia del fuero federal para atender en esta demanda.
“Para que se verifique la existencia de legitimación activa no basta que el juez considere existente el derecho si no que es necesario que éste corresponda precisamente a aquel que lo hace valer”, indica la presentación, que sostiene además que “en este expediente no existe legitimación activa del demandante, ni tampoco parte adversa”. Por eso no “hay caso o controversia judicial”.
En tanto, la defensa de la empresa Medicus solicita que se le traslade la demanda desde el juzgado con el propósito de ponerse en autos y preparar una contestación a la demanda.
Por su parte, los letrados de Swiss Medical pidieron que se le traslade el contenido de la demanda para adoptar una decisión y formularon algunas consideraciones sobre la acusación de aplicar “precios arbitrarios” que hizo el gobierno.
En ese sentido, se subrayó que los incrementos de sus prestaciones estaban “debidamente fundados en circunstancias objetivas y verificables". Se aseguró que con antelación a la sanción del DNU 70/2023 había “un desfasaje previo de los precios relativos de los bienes y servicios producido como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias".
Ese marco regulatorio que regía antes de la llegada de Milei “oprimieron” variables que llevaron a las empresas de medicina prepaga “a una situación de extrema emergencia y a un deterioro de los servicios de salud en todos estos últimos arios de extrema regulación del sector y atraso de valor de cuotas”, sostienen en su presentación.
En definitiva, se trata de un argumento en línea con los argumentos expuestos por Belocopitt, quien había defendido la potestad de las empresas en función de la desregulación autorizada por el gobierno de Milei.
“Cuando el Gobierno desreguló los precios, todo el sistema de la medicina prepaga y el resto venía con poderosos atrasos. En diciembre, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente impresionante”, afirmó el empresario, en una entrevista con La Nación+ horas antes de conocerse la demanda.