A tan solo siete días de haber asumido como titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez firmó una disposición interna para promover a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo, de acuerdo a lo que reveló una investigación de La Nación.

La designación, oficializada el 1º de noviembre mediante la Disposición 182/2024, no solo implicó un ascenso extraordinario, sino también un aumento salarial que generó indignación dentro del ente recaudador.

Fanelli, de 44 años, pasó de ser jefa de una sección técnico-jurídica a liderar la Dirección Regional Centro II en la Ciudad de Buenos Aires, un área clave encargada de fiscalizar grandes empresas con domicilio en el centro porteño. Este cambio, según trascendió por La Nación, habría duplicado su ingreso mensual, que ahora oscilaría entre los 7 y 8 millones de pesos netos, dependiendo de su antigüedad.

El ascenso fue calificado como "inusual" y "anormal" por diversas fuentes del organismo, ya que Fanelli salteó varias jerarquías intermedias, lo que podría constituir una violación al Código de Ética de la ex-AFIP. Este establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en cuestiones donde tengan un interés personal o vínculos cercanos con las personas implicadas.

El vínculo entre Vázquez y Fanelli no es nuevo. Ambos trabajaron juntos en la Dirección Regional Sur Metropolitana, donde ella se desempeñaba como jefa de cobranzas judiciales y él lideraba la regional. Con un perfil polémico, Vázquez está asociado a la ex-SIDE y al controvertido exespía Antonio “Jaime” Stiuso, lo que le permitió sortear múltiples desplazamientos a lo largo de su carrera.

La rápida promoción de Fanelli también incluyó el desplazamiento de Luciano Botto Rostom, el anterior titular de la Dirección Regional Centro II, quien fue trasladado a Mercedes, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este movimiento interno, que afecta a otras dependencias, incrementó la tensión dentro del organismo.

Vázquez ya había sido denunciado en octubre por no declarar bienes en el exterior. Una investigación periodística reveló que en 2013 compró tres departamentos en Miami por un valor de 2 millones de dólares, de los cuales aún posee dos, valuados en 1,6 millones de dólares. Estos inmuebles nunca fueron registrados en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Además, Vázquez enfrentó denuncias por cuentas no declaradas en paraísos fiscales como Luxemburgo y Curazao, que contenían casi medio millón de dólares. Aunque fue sobreseído en 2022 por el juez Ariel Lijo debido a la prescripción de la causa, las sospechas sobre su transparencia siguen vigentes.

La designación de Vázquez contó con el respaldo del secretario General Nacional de Unión del Personal Superior (UPS-AFIP), Julio Estévez, quien destacó su experiencia en un comunicado de prensa y en declaraciones radiales. Sin embargo, la cercanía de Vázquez con el gobierno de Javier Milei y la controversia en torno a su gestión podrían erosionar la confianza en el organismo recaudador.

En medio de este escándalo, tanto Vázquez como Fanelli evitaron responder a los cuestionarios enviados por la prensa. Por su parte, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se limitaron a decir: “No haremos comentarios sobre el titular de la DGI ni sobre su mujer”.

La polémica alrededor de Vázquez reaviva el debate sobre el uso de cargos públicos para beneficiar a allegados, un tema que afecta a la transparencia institucional en Argentina. Con antecedentes que lo vinculan a denuncias de corrupción y favoritismo, su caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles internos y de ética en las dependencias del Estado.