La Oficina Argentina de Amnistía Internacional (AI) sostuvo este lunes que el Gobierno de ultraderecha que encabeza Javier Milei utilizó “una receta infalible compuesta por confrontación y desinformación para romper límites que generaron retrocesos en materia de derechos humanos”.

Al cumplir el martes 19 los primeros cien días del gobierno libertario, AI realizó una conferencia de prensa en la que  se analizaron “el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en en la vida y los derechos de las personas”.

Del encuentro con los medios participaron en representación de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belski, directora ejecutiva; Paola García Rey, directora adjunta y Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional.  

"Hace años que monitoreamos a los gobiernos de todos los espectros políticos y es nuestro deber exponer las medidas que generan retrocesos. Al empobrecimiento económico de gran parte de la sociedad , esta administración suma un muevo modelo de liderazgo de no dialogo y de violencia permanente . Así se fija el interés del debate público en la confrontación, el odio o la pelea. Esto no es nuevo ni excluyente de Argentina”, dijo Belski.

“X (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos, indirectas y acusaciones. Los otros poderes, referentes de la oposición, periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones, son frente de ataque. Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es el presidente de la Nación, tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión”, agregó Belski. 

Respecto de la situación de los jubilados, Amnistía Internacional  sostuvo que "son los que han perdido y no solamente capacidad de compra, sino tranquilidad y dignidad en los últimos años y con especial énfasis en los últimos meses”.

“El “no hay plata” no puede empujarnos a la disyuntiva de si recomponer su jubilación o dejar morir a los jubilados y pensionados. Hay una obligación moral pero también un compromiso internacional: la Argentina se encuentra obligada por tratados internacionales a garantizar los derechos a la seguridad social de manera progresiva hasta el máximo de sus recursos disponibles”, indicó Santiago Juncal.

El organismo sostuvo que la pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social. Esta cruda realidad no puede anularse por más represión y restricciones que se impongan.

“Argentina necesita un cambio. Somos conscientes, y así lo hemos denunciado a lo largo de los distintos gobiernos de todo color e ideología; la profunda crisis económica y social que viene atravesando Argentina en los últimos años exige un rumbo nuevo. Pero cómo esos procesos de cambio se lleven adelante y la manera en que esos cambios impactan en las personas es tan relevante como el objetivo que se pretende conquistar. En ese recorrido, es importante que las personas ocupen un lugar central para elaborar planes y respuestas eficaces y de largo plazo. Debe gobernarse para la gente, no para las finanzas. Los ajustes de hoy no pueden ni deben dejar a la deriva a nadie”, concluyó Paola García Rey.