La Justicia Federal ordenó realizar una serie de allanamientos a varios domicilios del Polo Obrero, en el marco de la investigación por el supuesto desvío de fondos públicos de esta agrupación y de otros movimientos sociales.

Los operativos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello y buscaron identificar a los responsables de al menos cuatro sociedades comerciales “fantasma”. También dispuso el registro de una imprenta y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, un edificio de oficinas previamente investigado por presunto lavado de activos, operaciones financieras ilegales y facturas falsas.

El objetivo es recabar documentación sobre la firma MinisioTrade SRL, que parece estar vinculada a otras sociedades sospechosas como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA. Estas empresas figuran en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida como la “base APOC”.

Los investigadores fueron avanzando en los últimos días sobre la pista de la ruta del dinero piquetero que puso en la mira a una usina de facturas truchas y una empresa ligada al Polo Obrero que se usaría para desviar dinero, según contó el portal Infobae.

Los abogados del Polo Obrero habían pedido hace un mes la nulidad de los allanamientos y denunciaron ilegalidades en el manejo de esta causa que inició el Gobierno. Sostienen que “lo actuado en este caso constituye lo que en el derecho se denomina la doctrina del fruto del árbol envenenado, que estipula que lo obtenido por formas que se apartan de los procedimientos legales debe ser desestimado como medio probatorio, debido que han sido violentadas las garantías del proceso”.

El Gobierno había intentado ser querellante en esta causa a través del ministerio de Seguridad, pero esto fue rechazado por el juez Casanello. Sin embargo, la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello fue aceptado en el expediente. A su vez, esta semana se sumó  la Unidad de Información Financiera y ha pedido también ese rol de afectado particular la Oficina Anticorrupción.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó el juez en su momento.

Casanello sostuvo que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Y resaltó que “se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

La denuncia se originó el 20 de diciembre luego de que el Gobierno habilitara una línea de teléfono -la 134-para que hicieran denuncias anónimas por estos supuestos desmanejos. Con esta información, se radicó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py.

El juez ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupación, por el escándalo de corrupción, junto a su inhibición de bienes. Fue el 27 de mayo pasado, el mismo día en que hacía lugar a una cautelar contra el Ministerio de Capital Humano por la denuncia de la entrega de alimentos que también tramita en su juzgado. La ronda de allanamientos comenzó esta semana y culminará el 25 de junio con la presentación ante el magistrado de Belliboni.