La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos a domicilios particulares y locales de organizaciones sociales por una causa en la que se investigan presuntas extorsiones a beneficiarios de los planes sociales que se inició a raíz de una presentación efectuada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, y se basa en llamadas recibidas en la línea 134 habilitada por el Gobierno nacional.

Entre los investigados figuran referentes de las agrupaciones del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha. Los procedimientos se realizaron en la madrugada del lunes, y hasta el momento no se produjeron detenciones.

En tanto, desde las organizaciones se condenaron estas denuncias y se afirmó que la causa que se sigue es parte de “un amedrentamiento” por parte de un Gobierno que no entrega alimentos a comedores populares y merenderos.

La denuncia originalmente recayó en el juzgado federal del magistrado Sebastián Casanello, quien desestimó un pedido de allanamientos formulado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recurrió la medida ante instancias superiores.    

Por ello, fue la Sala I de la Cámara Federal porteña la que hizo lugar al requerimiento del fiscal y habilitó allanamientos e intervención de líneas telefónicas contra varias personas acusadas por el delito de extorsión.

“Se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas”, señaló Pollicita, a al justificar la realización de estos procedimientos.

Fuentes judiciales afirmaron que se capturaron mensajes de whatsapp en los cuales se consignaban los supuestos “aprietes” por parte de los dirigentes a los beneficiarios. En tanto voceros de la cartera de Seguridad indicaron que del análisis de las pruebas reunidas puede establecerse que las movilizaciones no eran espontáneas.

“Los operativos realizados por la Policía Federal se dieron contra las casas de militantes, comedores y locales de las organizaciones que nos venimos oponiendo a la política de ajuste de Javier Milei y de la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello”, señalaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en un comunicado.

Para esta agrupación, “esta avanzada busca ocultar la desidia estatal que está llevando a millones de personas a la pobreza e indigencia, al tiempo que vacía los comedores comunitarios y recorta programas de empleo a las familias más castigadas por el ajuste en curso”.  

Las organizaciones sociales, de todo el espectro político, vienen solicitando un espacio de diálogo al Ministerio de Capital Humano y exigen que se reestablezca la entrega de alimentos a los comedores populares. 

Ante estos hechos, organizaciones sociales de la izquierda y el peronismo realizaron ayer por la tarde una conferencia de prensa en Plaza Congreso para repudiar estos allanamientos y coincidieron en señalar que se trató de “un amedrentamiento más” contra agrupaciones que trabajan a diario en “los territorios para impedir que entren los narcos y ayudan a los vecinos a salir de la miseria”.

“Si fueron hacer allanamientos en los locales, que busquen los remitos de las rendiciones que les hicimos cuando les reclamamos los alimentos para nuestros comedores. Les rendimos a todos los gobiernos los alimentos que nos entregan a granel. Nunca recibimos plata”, remarcó en este encuentro el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.