La media sanción a la modificación de la ley que previene el lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos no ha hecho más que cosechar rechazos desde las entidades dedicadas a analizar y combatir la criminalidad económica.

La iniciativa tuvo esta semana media sanción en la Cámara de Diputados y pasó ahora a su tratamiento por la Cámara de Senadores y los especialistas advierten que su aprobación podria derivar en que se caigan cientos de causas que actualmente están en trámite.

“La reforma propuesta es regresiva al plantear una serie de modificaciones que son preocupantes desde el punto de vista de la efectividad del sistema antilavado de dinero, además de poseer un profundo contenido antidemocrático”, sotuvo el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), un programa dependiente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Los expertos advirtieron que la actualización del monto para investigar el lavado de dinero, podría derivar en el cierre de causas actualmente en trámite por el principio de aplicación de la ley penal más benigna.

“Vemos muy preocupante la reforma introducida al artículo 303 del Código Penal, respecto del que se propone actualizar el umbral mínimo para investigar lavado de dinero, pasando de los 300 mil pesos actuales a 150 salarios mínimos vitales y móviles (12 millones de pesos). No desconocemos que el peso de la inflación licúa las condiciones objetivas exigibles para perseguir casos de lavado de dinero, pero la solución normativa propuesta sólo servirá para el cierre masivo de causas penales abiertas por narcotráfico en virtud de la aplicación de la ley penal más benigna”, dice el Cipce. 

“De aprobarse esta ley, el cierre de causas no tardaría en suceder comprometiéndose importantes investigaciones que hoy están en curso o incluso en instancia de debate oral”, se advirtió.

La iniciativa fue impulsada por el Frente de Todos y obtuvo se media sanción en la Cámara de Diputados con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, con el voto en contra de Juntos por el Cambio.

Según el oficialismo, la reforma de la Ley de Lavado de Activos busca adecuar la legislación actual a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e incluye algunas novedades, como el registro y control de las criptomonedas. 

Ante la consulta de Data Clave, Pedro Biscal, integrante del Comité Directivo del CIPCE, dijo que “el GAFI no pide una reforma a la ley de lavado aunque claro viene a evaluar el funcionamiento del sistema antilavado del país y su efectividad. Pero eso no requiere una ley nueva menos una que flexibiliza criterios para perseguir casos de este tipo, tal como ocurre con la suba de umbrales a 150 salarios mínimos (al dólar paralelo da cerca de 28 mil dólares), con lo cual las operaciones debajo de ese valor ligadas a una organización narcocriminal se beneficiarían eludiendo la pena de prisión”.

Los expertos consultan también advierten que “en materia de activos digitales observamos que su incorporación no está acompañada de una regulación legal integral del sector de plataformas de trading con criptomonedas. Entendemos que debería legislarse sobre aspectos claves como la exigencia de inscripción previa para operar, reglas de capitales mínimos, reglas antifraude y criterios de transparencia en la negociación y administración de billeteras virtuales, aspectos sobre los que aún no existen normativas claras de protección al inversor minoritario”.

También el Centro de Estudios y Legales (CELS) criticó la reforma votada en Diputados. “El proyecto pone a ONGs y organizaciones sociales bajo el escrutinio de la legislación y regulación antiterrorista”, sostuvo la entidad.

“Este tipo de control puede abrir la puerta al Poder Ejecutivo para perseguir o controlar organizaciones sociales, bajo la excusa de tener prácticas terroristas o ser usadas para financiar este tipo de acciones, definidas con discrecionalidad y arbitrariedad. Esto no fue debatido”, agregó la organización.

En la misma línea, desde Biscal explicó que desde el GAFI “tampoco se exige a la Argentina que recalifique a la UIF como organismo de inteligencia, lo que en nada ayudaría a probar la efectividad del sistema. La normativa tiene otros propósitos ligados a profundizar el dispositivo represivo frente a organizaciones sociales”.