Tucumán, restos de un feto y un polémico e ilegal pedido al sistema público de salud de la provincia: que en 48 horas se entregue información detallada sobre "el ingreso en guardia de personas del sexo femenino con signos compatibles de aborto o parto reciente en fechas 30/08/2022, 31/08/2022". 

El pedido está firmado por el fiscal Carlos Sale y dirigido al titular del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), en el marco de una investigación caratulada como homicidio simple, tras el hallazgo de restos fetales en la calle del que nada se sabe y encendió todas las alarmas sobre un posible mecanismo de obstaculización al acceso al derecho de una Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Carlos Sale
Carlos Sale

El hecho fue denunciado por Fundación Mujeres por Mujeres, cuya titular es la abogada Soledad Deza quién en diálogo con Data Clave explicó que "no sabemos por qué caratularon la causa como homicidio porque no se hizo una autopsia que determine un nacimiento con vida ni se conoce la edad gestacional del feto". 

"Lo que nos preocupa es este tipo de política criminal, basada en la violación de secreto y destinada a cazar mujeres de manera ilegal, exigiéndole al sistema de salud público la entrega de documentación clínica, que está protegida por el secreto profesional", agregó Deza. 

Para Deza no hay dudas de que se trata de "una política criminal que lo que va a generar es disuadir a las mujeres que buscar ayuda sanitaria y es ilegal porque se basa en la violación de la confidencialidad de las pacientes. De ninguna manera esto puede llevarse a cabo porque, por un lado el Ministerio Público de Tucumán está impedido de recolectar ilegalmente pruebas para investigaciones penales y, por otro lado, el sistema de salud está obligado a no entregar ningún tipo de información clínica de las pacientes".

Al respecto, se debe recordar que la ley 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud" establece en su artículo 14 que las historias clínicas pertenecen a les pacientes, mientras que en su artículo 10 inciso 2 de la ley 25.326 de “Protección de Datos Personales” el deber de guardar confidencialidad cede cuando así lo autorizan les pacientes o por resolución judicial expresa “cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública”.

"Todas estas medidas confluyen para la criminalización ilegal de mujeres con eventos obstétricos adversos, a la larga lo que va a generar es un obstáculo para el acceso al derecho de interrumpir un embarazo y existe el riesgo de que se habilite nuevamente el circuito clandestino por miedo a esta criminalización", apuntó la abogada. 

El recorrido judicial

Deza detalló a este medio que se realizó la denuncia penal contra el fiscal Sale, se puso en conocimiento del Fiscal General de la provincia, a quién se le pidió una instrucción para que en lo sucesivo se abstenga de violar el secreto profesional. También se denunció la situación ante el SIPROSA "porque consideramos que son actores estratégicos del resguardo de la información de las pacientes y responsables del secreto profesional". 

Finalmente, se inició un expediente ante la Suprema Corte de Justicia de Tucumán para obtener información oficial sobre si el sistema entregó los datos solicitados. Consultada por este interrogante, Deza fue tajante: "creemos que si, pero no lo sabemos oficialmente".

La política criminal es una especie de “manual” que aplican aquellos organismos encargados de perseguir a quienes cometen delitos. En los últimos años, los debates giran en torno a qué cuestiones se decide criminalizar y a cuales se le deben destinar mayores recursos, como puede ser el crimen organizado en casos de narcotráfico. 

No obstante, Argentina tiene ejemplos de política criminal aplicada para perseguir a las mujeres en cuanto a sus derechos reproductivos. El caso de Belén en Tucumán lo evidenció y las 37 presentaciones judiciales a lo largo del país contra la ley que proclamó la IVE lo confirmaron.