Desde el momento en que se promulgó la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en enero de 2021, las causas en su contra se multiplicaron en los tribunales de todo el país. La estrategia de organizaciones que están en contra del derecho a abortar es similar en casi todos los expedientes: buscan la inconstitucionalidad de la norma y que, mientras tanto, se interrumpa su vigencia.

De acuerdo al informe “ImplementAR IVE-ILE” que elaboró la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, hasta julio de este año fueron 37 las causas judiciales que iniciaron contra la ley. En 11 de esos expedientes, la Dirección intervino directamente a través de la presentación de informes técnicos y asistencia especializada con el área de asuntos judiciales del Ministerio de Salud de la Nación.

¿Dónde se presentan las causas?

De las 37 causas, 23 fueron llevadas adelante en el fuero federal, ya sea en los juzgados en lo contencioso administrativo federal como en los juzgados federales de las provincias, que tienen lo que conoce como “multifuero”: una misma dependencia resuelve cuestiones penales, civiles y también reclamos contra normativas, por ejemplo.

En Buenos Aires fueron siete las presentaciones, igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Córdoba y Tucumán hubo cuatro causas en cada provincia; en Salta, tres; en Chaco, Santa Fe y San Luis hubo dos; mientras que en Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Chubut, La Pampa y San Juan hubo una sola presentación por jurisdicción.

Hasta el momento, los tribunales rechazaron 26 de las 37 demandas iniciadas en todo el país. Siete se encuentran esperando un pronunciamiento judicial y cuatro fueron formalmente archivadas. Hay dos expedientes que por cuestiones técnicas están en el ámbito de la Corte Suprema 

Uno de ellos es la presentación que hizo la Asociación Civil “Portal de Belén” ante la justicia federal de Córdoba por la inconstitucionalidad de la ley. Tras ser rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de esa provincia convalidó su papel en la causa y la consideró un actor válido para cuestionar la ley. La fiscalía y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) cuestionaron esa decisión y llevaron el planteo al Máximo Tribunal.

“La cuestión aquí debatida afecta la división de poderes y las funciones encomendadas al Poder Judicial, y en definitiva los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar con otras identidades de género, a la defensa en juicio, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la autonomía personal, a la igualdad, a la vida libre de violencias y discriminación, y a la salud reproductiva”, dijeron la titular de la UFEM Mariela Labozzetta y el fiscal general Alberto Lozada al momento de cuestionar el fallo de la cámara.

Por otra parte, la causa "Kulanczynsky" se radicó en el fuero Contencioso Administrativo Federal. En mayo de este año, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario en torno a la legitimación para cuestionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

“No hay ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones contra de la Ley 27.610”, aclara en su informe la Dirección. Lo más cercano a ello fue un fallo, ya revocado, del juez federal de Mar del Plata Alfredo López. En junio de 2021, el magistrado ordenó una “medida cautelar de no innovar” donde declaró la “inaplicabilidad” de la ley y le ordenó al Estado Nacional la suspensión no solo de la normativa sino también de todos los protocolos y resoluciones relacionadas “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, es decir, si la ley era inconstitucional o no.

No obstante, hay causas donde si bien no se judicializa a las personas gestantes, si se imputa a médicos y médicas que realizan la práctica. Es el caso de Miranda Ruiz, residente de medicina familiar del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, que fue imputada por el delito de “aborto sin consentimiento”, a pesar de que en la historia clínica consta tanto el consentimiento informado firmado por la paciente, como la certificación de la causal por el equipo interdisciplinario.

A pesar de que el equipo legal de Dirección Nacional de Salud Sexual en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y abogadas de la provincia de Salta trabajan en la defensa de la médico, hace un mes el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, rechazó el pedido de nulidad de la causa.