Mientras continúa la polémica por la custodia de la exprimera dama, Fabiola Yáñez, el Ministerio de Seguridad confirmó que ya se gastó más de 300 mil dólares por su protección en España. Desde la cartera que encabeza Patricia Bullrich consideran que no es necesario que la exesposa de Alberto Fernández continúe con sus privilegios dado que afirmana que “no hay riesgo”. 

Según precisó el director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, la custodia asignada consiste en "dos policías argentinos especializados en seguridad que viajaron específicamente para esa tarea". El funcionario detalló que el costo mensual de cada custodio asciende a "18 mil euros, incluyendo sueldo, comida, alquiler y otros gastos".

Hasta el momento, según calculan desde el gobierno, ya se desembolsaron "más de 300 mil dólares" en la protección brindada a Yáñez, que denunció al exmandatario y su exesposo Alberto Fernández por violencia de género. 

La polémica se generó tras la filtración de videos en donde se la ve a Fabiola festejando el año nuevo en un restaurante de España custodiada por agentes federales costeados por el Estado argentino. En este marco, el presidente Javier Milei le pidió a Bullrich que "eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente”. En ese sentido, agregó: “Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”. 

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X de Javier Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su equipo, comenzó a elaborar un informe detallado que será enviado al juez Julián Ercolini para determinar si las condiciones actuales justifican mantener la custodia de Yáñez, como lo solicitó el primer mandatario. 

"Estamos trabajando en un informe de riesgo para informar al juez. Hoy no vemos que el riesgo esté vigente, pero la decisión final la tomará la Justicia", sostuvo Soto en declaraciones a radio La Red. “Si existe un riesgo, aunque sea costoso, debe cumplirse. Pero si no hay riesgo, no se justifica mantenerla”, concluyó el abogado. 

Sin embargo, Soto precisó que el Ministerio de Seguridad no tiene la facultad de retirar la custodia sin una orden judicial. "El Ministerio actúa como auxiliar de la Justicia. Las custodias se colocan o se retiran solo bajo decisión de un juez", señaló el funcionario. 

La polémica por la custodia de Fabiola se trasladó al Congreso, donde la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley para terminar con los beneficios de ex mandatarios y sus familiares. La iniciativa propone que la custodia personal se limita para expresidentes y vices "únicamente dentro del territorio de la República Argentina" y por el plazo máximo de "doce años desde el cese de su función en el cargo".

Por otro lado, Alberto Fernández realizó una presentación ante un juzgado penal, contravencional y de faltas donde requirió que no le quite la custodia en pos de proteger a Francisco, el hijo de ambos.  "La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, quien no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático”, sostuvo, al mismo tiempo que reclamó que el niño vuelva a vivir a Argentina.

“Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, agregó.