El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich, quedó en el centro de la polémica luego de que una serie de actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar.

En este contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso recientemente la intervención de la fundación, pero este jueves se conoció que la interventora Norma Cristóbal se apersonó en la sede social donde se encontró con una situación inesperada: el IEES se encontraba “cerrado por vacaciones”. Solo había un cartel pegado en la puerta de acceso que informaba los días de descanso del 24 al 31 de julio.

Pero desde la fundación salieron a criticar la intervención y afirmaron que la IGJ les “impidió el acceso a las actuaciones y la notificación de las resoluciones de dicho organismo” y que “no hay irregularidad en el funcionamiento”. 

“La Asociación ha colaborado y ha aportado toda la información solicitada”, expresó la IEES en un comunicado, en el acusaron al ministro de “mentiroso” y que se “abusa del poder del Estado como herramienta de persecución a Patricia Bullrich, manipulando la interpretación de los hechos que surgen de la documental aportada por la asociación para perjudicar la imagen y carrera presidencial de una precandidata”. 

Y añadió: “Lo que se busca es controlar, restringir, potencialmente criminalizar y cerrar las ONGs que no sean afines al gobierno kirchnerista. Luego de que la Justicia rechazara el pedido de intervención judicial, tanto en primera instancia como en la Cámara, los funcionarios kirchneristas vuelven a la carga, con una medida absolutamente avasallante y arbitraria contra una asociación civil independiente que se financia totalmente con recursos privados. La Justicia se pronunció en contra de lo que hoy intentan por vía administrativa y de forma ilegítima”.

Desde el Instituto también anunciaron que ampliarán las denuncias penales y recurrirán ante organismos internacionales, advirtiendo la "gravedad de los hechos descritos que solo buscan hacer peligrar la democracia y el proceso electoral en la Argentina".