En medio de la campaña política de cara a las PASO del 13 de agosto, se conoció una insólita información que afecta a una precandidata presidencial. Se trata de la referente del PRO Patricia Bullrich, que tiempo atrás estuvo en el foco de la Justicia con motivo del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad, una asociación civil integrada y controlada por la exministra de Mauricio Macri.

En efecto, el 12 de julio el ministro de Justicia Martín Soria dispuso la intervención de la asociación debido a una investigación en curso por presunto uso del instituto para recaudar fondos obtenidos de millonarios aportes de empresas, instituciones y empresarios, con el objetivo de financiar su campaña presidencial. El caso es que de ser así, se trata de una flagrante violación de toda la normativa prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles y por la Ley Nº 26215 de Financiación de Partidos Políticos.

Conforme a lo resuelto por la Justicia, este miércoles 26 de Juli  a las 15,30 horas, la interventora Norma Cristobal se apersonó en la sede social del Instituto, en compañía del Escribano Mayor de Gobierno, Dr. Carlos Gaitán, pero se encontraron con una situación inesperada: el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad  se encontraba “cerrado por vacaciones”. Solo había un cartel pegado en la puerta de acceso que informaba los días de descanso del  24 al 31 de Julio de 2023.

Según informaron desde el ministerio que encabeza Soria, el verdadero rol de la asociación desde el año 2021 en adelante se tradujo en “la organización de pseudo almuerzos y ciclos de conferencias, sobre los cuales no existe el menor dato sobre su realización y contenido en los libros de dicha entidad y con los cuales se sostuvo y se sostiene económicamente una campaña política de proyección nacional, esto es, orientada al cumplimiento de un objeto totalmente distinto del que le compete a la referida asociación civil”.

De acuerdo a la investigación de Justicia, la asociación de Patricia Bullrich recaudó más de noventa millones pesos en el ejercicio cerrado en el año 2022. “Un paralelo y considerable aumento de gastos de la asociación civil, que tampoco  guardan la menor relación con el objeto de la entidad, y que se tradujo – fundamentalmente – en el pago de facturas por servicios vinculados a actos de campaña política, como por ejemplo, millonarios pagos a consultores, especialistas en procesos electorales y colaboradores, como por ejemplo Gerardo Millman a quien se le abonó la suma de pesos 2.776.170 a través de once facturas”.

Asimismo, la información a la que accedió el ministerio da cuenta de "un pago a la consultora EYS –que comparte el mismo domicilio particular de Patricia Bullrich– por la suma de 3.550.000; y al perito Jorge Adolfo Teodoro, quien es la misma persona que borró los celulares de Millman y sus famosas secretarias, acto que se consumó en la propia sede social de la Avenida de Mayo 953, tercer piso, donde funciona el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad”.