Para implementar la autonomía impositiva de las provincias es necesario un acuerdo mayoritario que adopte el principio de correspondencia fiscal, es decir, que quien decide el gasto también sea responsable de cobrar los impuestos para financiarlo y rendir cuentas. El desafío consiste en lograr que los avances en materia de estabilización económica se sostengan en un proceso continuo de desarrollo. En este sentido, la propuesta de la actual administración es devolver a las provincias su autonomía impositiva, un aspecto fundamental para mejorar el funcionamiento del sector público, condición necesaria —aunque no suficiente— para fomentar la inversión, la producción y el empleo.

La Ley de Coparticipación establece que la Nación recauda los impuestos nacionales y los asigna a una “masa coparticipable”, que luego se distribuye entre la Nación y las provincias según parámetros fijos (coeficientes de coparticipación). Volver al esquema original previsto por la Constitución implica que cada jurisdicción cobre impuestos a sus habitantes para financiar su gasto público.

Para llevar esta propuesta a la práctica es fundamental garantizar el autofinanciamiento de las provincias sin generar desequilibrios complejos. Según datos del Ministerio de Economía para 2024, el IVA recauda el 6,7% del PBI, de los cuales el 3,1% corresponde a la Nación y el 3,6% a las provincias. Por su parte, el impuesto a las Ganancias recauda el 4,3% del PBI, distribuyéndose 1,6% a la Nación y 2,7% a las provincias. En resumen, entre el IVA y Ganancias se recauda aproximadamente 11% del PBI, del cual la Nación percibe 4,7% y las provincias 6,3%.

Una alternativa viable sería avanzar hacia la devolución de las autonomías tributarias estableciendo que la totalidad del impuesto a las Ganancias sea apropiada por la Nación, mientras que la totalidad del IVA sea asignado a las provincias. Bajo esta configuración, la Nación recibiría el 4,3% del PBI proveniente de Ganancias, cifra similar al 4,7% que actualmente percibe mediante la coparticipación, mientras que las provincias obtendrían el 6,7% del PBI recaudado por el IVA, monto cercano al 6,3% que hoy reciben por el mismo mecanismo.

En cuanto a la distribución del IVA, la regla debería ser análoga a la aplicada por las provincias en el impuesto a los Ingresos Brutos: cada provincia retiene el IVA generado localmente y, en el caso de ventas interprovinciales, el impuesto se distribuye en partes iguales entre la provincia de origen y la de destino. De esta manera, se facilitaría la unificación del IVA con Ingresos Brutos y con las tasas municipales de industria y comercio. 

Este esquema eliminaría la necesidad de un régimen de coparticipación. Para las provincias más rezagadas del norte, que carecen de capacidad de autofinanciamiento, se podría implementar un Fondo de Convergencia, que garantice la continuidad de los recursos durante la transición. La diferencia clave respecto al sistema de coparticipación radica en que el Fondo implicaría una masa de recursos mucho más reducida y que las transferencias estarían condicionadas a su uso exclusivo para reducir las brechas de desarrollo, evitando el clientelismo.

En conclusión, centralizar la recaudación impositiva para luego redistribuirla mediante la coparticipación constituye un desvío del diseño original de la Constitución, lo que ha desconfigurado el régimen federal. Es prioritario restablecer la correspondencia fiscal.