En diciembre, la administración de Alberto Fernández rompió un récord, en sus tres primeros años acumuló más de 300% de suba en el índice de precios al consumidor. Desde el fin de la hiperinflación de principios de la década de 1990 es la presidencia más inflacionaria. Si comparamos con otros períodos presidenciales, le sigue la administración Macri, que en cuatro años acumuló 296% de inflación.

Sin embargo, la situación actual tiene un componente adicional, que es la acumulación de inflación reprimida. El gobierno ha intervenido una importante cantidad de mercados en nuestro país y ha “pisado” el precio de diversos bienes y servicios. Regula el tipo de cambio, las subas del transporte, de las tarifas de servicios públicos, de las prepagas, de la telefonía celular, de los combustibles, y arma y desarma congelamientos de precios para bienes de la canasta básica. Asimismo, desde Economía preparan un convenio con Empresas Productoras de Insumos Difundidos, en aras de establecer acuerdos de precios no solo en los bienes finales como es costumbre, sino también en los bienes intermedios de las cadenas de producción. Todas estas medidas, como máximo, han conseguido una desaceleración transitoria en el índice de precios.

Por otro lado, el gobierno se está endeudando para posponer los efectos de la emisión desmesurada de pesos. Esteriliza el financiamiento monetario convirtiéndolo en pasivos remunerados del Banco Central, que ya pasan los $10 billones.  Entretanto, el debate económico actual discute si la dinámica de esta deuda es explosiva o está aún en niveles manejables.

La caída en la demanda de pesos se refleja en el mercado de cambios paralelo. Como dijera muy bien el economista Iván Cachanosky, no es que los argentinos tengan amor al dólar, lo que tienen es un pánico al peso. ¿Por qué alguien confiaría en nuestra moneda? Citando a Cachanosky: “Alguien que tiene 60 años su primer juguete lo compró con el Peso Moneda Nacional, a su primera novia la invitó a salir en Pesos Ley, se casó en Pesos Argentinos, a sus hijos les hizo regalos en Australes y hoy le hace regalos a sus nietos en Pesos actuales”. Desde la Fundación Libertad y Progreso estimamos una inflación interanual del 104% para diciembre del 2023. Asignando posibilidades, es probable que ningún pronóstico valga en caso de un shock político, o en caso de que los bancos privados reclamen pesos por leliqs y el BCRA se vea obligado a emitir más dinero. De esta forma, todo dependerá de la capacidad del MECON para navegar la tormenta y procurar que el agua se mantenga en la bodega sin llegar a la cubierta.

Esto significa que este año habrá mayores pérdidas de poder adquisitivo y mayores distorsiones en los precios, si no es que hacemos las reformas necesarias para evitarlo. A nuestro favor tenemos que el mundo ya ha reconocido las causas monetarias del fenómeno que nos aqueja, desde Keynes a Hayek hasta Friedman. Es el dinero el que crea precios nominales, de otra forma solo existen precios relativos.

Otro punto a favor es que la Argentina tiene experiencias históricas en las que pudo vencer la inflación. Solo desde 1946 a 2018 la inflación promedió 72% anual sacando las hiperinflaciones. No obstante, también hubo pequeñas excepciones: tras la Ley de Conversión de 1899 en el segundo gobierno de Julio Argentino Roca (hasta la Primera Guerra Mundial), y mientras duró la Ley de Convertibilidad establecida un siglo después, durante el mandato de Carlos Saúl Menem. Ambas leyes lograron contener la inflación atando nuestra moneda al oro y al dólar respectivamente.

El malestar en el que sucumbimos radica, sin embargo, en que, en nuestro país, la inflación ha devenido en un fenómeno monetario de origen fiscal. El Estado se ha convertido en un gran desahorrador, y mientras no cambiemos eso no podremos recomponer la confianza en la moneda. Es por eso que para terminar con la inflación no harán falta solo reformas monetarias, sino reformas estructurales en todos los niveles.