A medida que se despeja el panorama sobre si se aprueba o no el acuerdo entre Argentina y el FMI, empieza a surgir otra pregunta tal vez más relevante: ¿cómo cumplirlo? Según lo presentado por el Ministro Guzman, el acuerdo incorpora una meta de reducción del déficit fiscal primario, que debería llegar a 2,5% para 2022, 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024.

Para lograr el objetivo este año, el Gobierno nacional ha apuntado todos los cañones a los subsidios a la energía. Ya se anunció un piso de aumentos del 20% y se empezó a debatir la segmentación de tarifas. No es casual, desde el congelamiento en 2019, que los subsidios a la electricidad se hayan convertido en uno de los principales rubros del gasto nacional. En 2021 totalizaron US$ 11.000 millones, representando 2,4% del PBI.

Si hacemos memoria y nos remontamos al Proyecto de Presupuesto 2022, vemos que allí el gobierno apuntaba a bajar los subsidios al 1,9% del producto, lo que equivaldría a unos US$ 7.500 millones. Esta disminución haría que los números se acerquen bastante a la meta de rojo primario fijada con el FMI para este año.

Sin embargo, no será tan lineal. Hay varios factores que presionan a que los subsidios energéticos aumenten, con o sin ajustes reales en las tarifas. Es decir, solo para que las tarifas aumenten lo mismo que la inflación, habrá que destinar más recursos a subsidios energéticos.

Por un lado, la mayor devaluación del tipo de cambio oficial. El costo de la energía está medido en dólares y, dada la aceleración del ritmo de devaluación establecido por el BCRA, eso requerirá mayores recursos para cubrir los costos. Además, del lado de la oferta, la sequía va a tener impacto en términos de una caída en la generación de energía hidroeléctrica. No es un dato menor, ya que la oferta de energía hidráulica representa el 25% del total.

Y se suma el incremento en los precios internacionales de la energía, que ya venía desde el año pasado, pero que se aceleró con la crisis en Europa Oriental. En el 2021, el precio promedio de importación fue de US$ 8 por millón de BTU, mientras que actualmente está por encima de los US$ 20.

Estas cuestiones hacen que, para cumplir con la meta de reducción del déficit, el ajuste de tarifas deba ser significativamente mayor a la inflación, probablemente en el orden del 200%. De no ser así, se amenaza con caer en esquemas insostenibles. En 2021 el 56% del costo de la electricidad estuvo cubierto con subsidios. Para mantener congeladas las tarifas, y asumiendo una inflación similar a la del año pasado, en 2022 los subsidios deberían cubrir alrededor del 75% del costo de la electricidad.

Finalmente, algo no menor. Las tarifas de los servicios públicos son un punto sensible para la coalición gobernante. Basta con recordar el conflicto que hubo en el seno del Ministerio de Economía entre el ministro y su Subsecretario de Energía Eléctrica, al que quiso desplazar de su cargo (sin éxito).

La historia nos dice que se hará el mínimo ajuste necesario. También que las tarifas son un nervio sensible. En consecuencia, no será raro que a lo largo del año veamos ajustes en otras partidas del gasto público que sean más fácilmente licuables por inflación y ayuden a cumplir la meta fiscal.