En los dos últimos años se revirtió la política de liberalización y dolarización tarifaria de la administración anterior. En un contexto de alta inflación, este período casi sin aumentos dio vuelta la ecuación y volvió a abaratar el costo energético en hogares e industrias. Estos días se conoció el primer intento oficial para realizar una segmentación en el esquema de subsidios, paso indispensable para racionalizar el gasto.

El debate tarifario en Argentina está íntimamente ligado con los problemas fiscales. En un contexto de restricción presupuestaria severa, el ticket para el Estado es pesado y parece haber llegado el tiempo de aliviar la carga. Al cierre del año pasado los subsidios energéticos escalaron a 2,2 puntos del PBI, y cada vez ganan más participación como factor explicativo del desequilibrio fiscal. Como porcentaje del déficit financiero el año pasado el ticket tarifario escaló a un 41,5%; el mayor valor en cinco años. Este 2022 se espera una primera reducción basada en tres factores concurrentes:

* La actualización de la tarifa para todos los usuarios, con un criterio regido por el aumento de los costos.

* Un esquema de segmentación (por el momento solo de base geográfica).

* La finalización de la resolución 46/2017 para la promoción de la producción de Gas no convencional en Vaca Muerta.

Con la promesa del Ejecutivo de un solo aumento en el año, el efecto fiscal se verá determinado por la evolución de la inflación y la brecha con la suba autorizada. Un peso incremental de subsidios a la demanda también resta espacio fiscal para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo la inversión de capital, fundamental para mejorar la calidad de los servicios e incluso llegar a más regiones del país. Desde 2016 esta partida de gasto cayó en más de 0,2 del PBI, con una brutal licuación hasta 2019 y una reversión tímida en el último bienio. La falta de planificación y discriminación en el esquema de subsidios es una forma imperfecta de asignar recursos. Entre otros factores, se debe considerar críticamente:

*La regresividad del gasto cuando no se focalizan los subsidios sobre los sectores que realmente los necesitan.

*La señal incongruente con la promoción del ahorro energético y el consumo responsable de familias e industrias.

*La distorsión del sistema de precios y su efecto sobre la toma de decisiones.

*La escasa efectividad política del gasto.

Tras el proceso que se transitó estos dos años, se revirtió parcialmente la cobertura del costo del servicio eléctrico a partir de las tarifas. Desde el pico de 2019, cuando las boletas de luz integraban un 65,2% del costo de generación, se descendió a 34,2% después del virtual congelamiento. Es a todas luces una proporción muy baja, en el contexto de un Estado con una situación fiscal debilitada y necesidades urgentes.

Cuando se desglosa el índice de precios al consumidor por componentes es muy notorio el vaivén en la política energética. Viendo la serie de los últimos seis años se tiene una primera fase de incremento real incesante en el ratio entre precios de servicio e IPC general, seguido de una siguiente etapa de disminución pari passu, desde mitad de 2019 hasta la fecha.

Esta lógica pendular por medio de la cual se pasa de subas impagables a períodos de congelamiento a pesar de la inflación, no parecen corresponderse con la definición de la CSJ. Claro que el aspecto político siempre es determinante y este tema ha motivado pujas históricas en Argentina.

Poniendo el problema sobre la mesa se puede encarar un debate sin hipocresía, donde se transparente que cada peso destinado a quienes pueden pagar la tarifa plena es un subsidio pro-rico. Algo que resta espacio fiscal para otro tipo de aplicaciones indispensables y un país de ingresos medios y empobrecido por la deuda hoy no puede permitirse. Revertir la situación hoy es urgente y 2022 puede ser el primer paso para buscar el "justo medio".