Los vaivenes de la política agropecuaria argentina

El fenómeno inflacionario ha castigado el bolsillo de los argentinos por más de 70 años. En particular, en los últimos 20 el país acumula un 10.227% de inflación en el nivel general de precios, mientras que el capítulo Alimentos y Bebidas acumula un 17.251% de aumento, de acuerdo con IPC-CREEBBA de Bahía Blanca. En otras palabras, si se deseara comprar la misma cantidad de bienes que en febrero de 2002 con $100, hoy serían necesarios 10.327 pesos. Así, este flagelo erosiona el poder de compra de los consumidores y se constituye como uno de los factores principales de la creciente inestabilidad económica de la Argentina.

En las últimas décadas, distintos gobiernos han intentado reducir la inflación a valores de un dígito mediante un amplio rango de políticas públicas. Sin embargo ninguno pudo lograr una estabilidad duradera y sostenible. En cambio, al observar la región se puede notar un claro contraste, donde países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros, han alcanzado estabilizar y mantener la inflación en un nivel inferior al 10% desde hace más de 15 años.

Esto fue obtenido mediante prolongados procesos de desinflación, con políticas monetarias y fiscales consistentes que trascendían cada gestión de gobierno, independientemente de su signo político. Por ejemplo, el programa antiinflacionario implementado por Chile en 1990, tuvo una duración de su primera etapa de 9 años, en la cual lograron disminuir la tasa de inflación de aproximadamente el 25% en 1990 al 2,3% en 1999.

Gráfico 1. Tasa de inflación acumulada anual

Fuente: Elaboración propia en base a CREEBBA (Argentina), IBGE (Brasil), INE (Chile), INE (Uruguay) y BCP (Paraguay).

Trasladándose a la actualidad, respecto a las recientes medidas implementadas hacia el sector agropecuario por parte del gobierno nacional en la llamada “guerra contra la inflación”, se destacan los aumentos en las retenciones de la harina y el aceite de soja, junto con la creación del denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un fideicomiso de administración y financiero con el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”, según indica la normativa (Decretos 131/2022 y 132/2022).

Estas políticas se suman a una extensa lista de medidas impuestas hacia el sector agropecuario (suspensión de exportación de carne vacuna, cupos exportables, entre otros) que han marcado a la actual gestión desde la suspensión de exportaciones de maíz impuesta en diciembre de 2020. Esto lleva a preguntarse acerca de los fines últimos de estas normativas, su impacto sobre el bienestar de los consumidores y la economía en general, así como su utilidad y relevancia para lograr los objetivos propuestos.

Cuando se analiza el fenómeno inflacionario, existen diversos instrumentos con los cuales se puede ejercer una presión a la baja de la tasa de inflación, entre los más frecuentes se encuentran la reducción de la emisión monetaria o el aumento de la tasa de interés (recientemente implementada por la Reserva Federal de Estados Unidos ante el brote inflacionario en dicho país), la reducción del déficit fiscal (mediante caída del gasto público o incrementos en la recaudación impositiva), y la aplicación de políticas de ingresos tales como acuerdos de precios y salarios, la cual es usualmente utilizada como complemento del resto de las políticas.

Lo que se observa en la actual administración es un rol central de la política de ingresos y precios, que en conjunto de políticas sectoriales, son utilizadas para intentar frenar la inflación. En el corto plazo, estas medidas pueden presentar ciertos efectos favorables, pero existe consenso en torno a la idea que en el largo plazo surgirán efectos distorsivos sobre la economía. Esto se origina en que no son un complemento secundario y temporal de las políticas tradicionales, sino que pasan a ser el eje central de la política económica, desembocando en diversos desequilibrios en sectores de la economía, específicamente sobre el sector agropecuario el cual ha sido el principal ámbito de aplicación de estas normativas.

Al evaluar el impacto de las políticas públicas sobre el agro mediante el efecto neto de apoyo sectorial que recibe a través de subsidios e impuestos (derechos de exportación o crédito sectorial a tasas subsidiadas), la Argentina se destaca como el único país de los relevados que penaliza a su sector agropecuario, con un valor de 2,1% del PBI de penalidad estimada para el 2020, de acuerdo con datos del Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Gráfico 2. Estimado de apoyo total al sector agropecuario.

En porcentaje del PBI

Fuente: Elaboración propia en base a Agrimonitor-BID.

Entre los efectos derivados de estas medidas se puede destacar el desincentivo a la producción y la exportación debido a los menores precios efectivos que recibe el productor, lo cual incide negativamente en su rentabilidad. Esto ya se ha observado en la historia argentina con la suspensión de exportación de carne vacuna en el período 2006-2015, donde la producción en el período cayó un 10,2% (de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), mientras que la cantidad de empresas estimada en el sector se redujo en un 9,4% en el período 2007-2015, en base a datos del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción.

De producirse efectos similares a los descriptos con el caso de la carne, es de esperarse que la implementación de dichas políticas impacten negativamente sobre la producción conduciendo a mayores precios en el mercado local y a menores exportaciones, implicando caídas en los ingresos en moneda extranjera erosionando la ya escasa disponibilidad de divisas que el país tanto requiere para su desarrollo. En resumen, en el corto plazo, la utilización de la política comercial y sectorial puede conducir a ciertos resultados como medida antiinflacionaria, pero eventualmente estos efectos tenderán a disiparse dejando atrás problemáticas mucho más complejas en torno a la producción y las exportaciones del sector agropecuario.