Este domingo se sucedió en Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, producto de la vacancia que dejó el ex mandatario Martín Vizcarra, tras el Juicio Político al que fue sometido en noviembre de 2020 bajo acusaciones de haber recibido sobornos cuando ejercía como gobernador de la región sureña de Moquegua, en 2014. Así mismo, tras aquel acontecimiento, Vizcarra insistió en volver al poder presentándose en abril de este año como diputado, y a pesar de ser elegido por una amplia mayoría, volvió a ser enjuiciado y destituido también de este cargo, ahora bajo la acusación de haber propiciado una red de vacunación “VIP” que involucró a más de 400 funcionarios afines al gobierno y otros tantos familiares de éstos. Acontecimiento que remite al escándalo de la misma índole sucedido en nuestro país, meses atrás.

El Juicio Político de Vizcarra pasó a sumarse a otros tantos que se han producido en Latinoamérica en las últimas décadas. Fernando Collor de Mello (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Fernando Lugo (Paraguay, 2012) y Dilma Rousseff (Brasil, 2016), también dejaron sus mandatos tras ser destituidos por esta instancia constitucional.

Como suele entenderse en Ciencia Política, la legitimidad de origen, aquella que da cuenta del proceso por el cual un gobernante llega al poder y que se encuentra en íntima relación con la transparencia y el cumplimiento procedimental de las instancias electorales, debe ser acompañada por la legitimidad de ejercicio, entendiendo por esto el modo en que dicho mandatario se conduce en estricto respeto de las limitaciones constitucionales y del Estado de Derecho.

El Juicio Político, en tal sentido, constituye un recurso legal y necesario, para impedir que el abuso del poder y/o la corrupción por parte de los gobernantes, deban esperar al fin de los mandatos, para ser debidamente juzgados. Y, lo que es más, en íntima consonancia con esta función, esta instancia constitucional resulta una válvula de escape crítica, para propiciar que los abusos no se ejerzan el tiempo suficiente para dañar no solo la legitimidad del circunstancial gobierno, sino para corromper incluso las bases fundamentales de cualquier régimen republicano.

En lo que respecta a nuestro país, los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, hacen lugar a la instancia de Juicio Político. Este recordatorio se vuelve relevante, si consideramos que, a pesar de la cantidad de casos latinoamericanos señalados anteriormente, y del mismo modo, a pesar de la enorme cantidad de hechos que pudiesen haber suscitado en nuestro país este tipo de pedido, desde el regreso del Estado de Derecho en 1983, no se ha producido ninguna instancia de Juicio Político a nivel nacional, lo cual podría llevar a la ciudadanía a creer erróneamente, que el recurso no se encuentra disponible. Máxime, en las difíciles circunstancias actuales.

En el último año y medio, las potenciales causales de Juicio Político se han sucedido una tras otra, sin que este recurso haya sido siquiera intentado por la oposición. Desde un ex ministro de Salud que ha sido cuando menos negligente, un Jefe de Gabinete que decide arbitrariamente cuándo cumplir con su obligación de comparecer frente al Congreso, pasando por el bochornoso “vacunatorio VIP” que hasta la fecha no ha sido debidamente esclarecido por parte del Ejecutivo Nacional, y arribando a las más de cinco versiones diferentes que han emanado de este poder para explicar el por qué las vacunas del laboratorio Pfizer nunca llegaron al país, entre otros hechos relevantes, han constituido casos que en cualquier otra latitud hubiesen implicado una pléyade de pedidos de Juicio Político, resultaren éstos luego exitosos o no.

Algunos analistas señalan que la necesidad de que el pedido sea acompañado por una mayoría calificada, lo cual no resulta la regla en el resto de los países mencionados anteriormente, explica el por qué este recurso no ha sido aplicado en nuestro país hasta el momento. Sin embargo, esta afirmación no termina de dar cuenta del por qué, independientemente de que el conteo de votos no resulte luego favorable, la oposición no ha utilizado este recurso, cuando menos para intentar cumplir con su rol de control, por un lado, y para alertar institucional y formalmente a la población, de la peligrosa arbitrariedad con la que el Poder Ejecutivo se ha dirigido en este último año y medio.

En tal sentido, más allá de las exclamaciones mediáticas, en lo concreto, los opositores siguen dando cuenta de una concepción del poder de tan baja institucionalidad, como aquella esgrimida por el sector gobernante. De este modo, el riesgo ya no deviene únicamente de un oficialismo poco afecto a los controles y al cumplimiento de los mandatos constitucionales, sino del mismo modo, de una oposición que, por no saber, no poder o no querer ejercer debidamente su rol, termine resultando indiferente al electorado y, propiciando así, una deslegitimación que pudiese alcanzar al propio régimen republicano como un todo.

No por nada, en los últimos meses, la apelación a un establishment político que coordina sus acciones y que sostiene una agenda de temas absolutamente contraria a las prioridades que percibe la ciudadanía de a pie, se ha ido multiplicando en las conversaciones diarias, las redes sociales e, incluso, en varios medios de comunicación. De continuarse por esta senda, aquella peligrosa proclama del ¡qué se vayan todos! que resultó el corolario de la enorme crisis de 2001, podría regresar potenciada por el fastidio que provoca el hecho de que, tras casi veinte años de aquellas fatídicas jornadas, nuestro país se encuentra hoy en similares o incluso peores condiciones.

Por tanto, quizá podría pensarse que la explicación central que da cuenta del temor de ejercer esta facultad constitucional se encuentra relacionada con un instinto básico de preservación. En tal sentido, no faltarían quienes podrían estar especulando con que una potencial interrupción del mandato del actual gobierno, aun cuando ésta pudiese estar justificada, propiciaría un efecto dominó sobre todo un arco político que, más allá de la retórica y en estricta observancia de los resultados obtenidos en las últimas décadas, se parece cada día más entre sí. -