El INDEC registró, en el segundo trimestre de 2024, un aumento de la fuerza laboral (en 31 aglomerados urbanos) de 400 mil personas respecto al mismo período del año anterior. De ese total, 200 mil consiguieron empleo y otras 200 mil permanecieron desempleadas. Así, la tasa de desempleo en ese período fue del 7,6% de la fuerza laboral, lo que representa un aumento respecto al 6,2% registrado en el mismo período de 2023.

Si consideramos los últimos 20 años, la tasa promedio de desempleo fue del 8,5%. Esto no implica que no existan problemas laborales, sino que en mercados con alta informalidad se manifiestan por otras vías. Por ejemplo, en los últimos 10 años (2014-2024), la fuerza laboral en Argentina creció en 3,2 millones, de los cuales el 92% consiguió empleo y el 8% no. De aquellos que consiguieron empleo, solo el 5% lo hizo en relación de dependencia registrada en una empresa privada, mientras que el 20% ingresó al sector público (nacional, provincial o municipal) y el 75% se incorporó como trabajador no registrado o cuentapropista.

En realidad, los déficits del mercado laboral no se reflejan tanto en la falta de empleo como en el deterioro de las condiciones laborales. En los últimos años, apenas 1 de cada 20 personas que ingresaron al mercado laboral lo hicieron bajo relación de dependencia en una empresa privada.

Es revelador que la modalidad de trabajo que más creció en la última década sea el monotributo. Actualmente, hay registrados 5 millones de monotributistas, de los cuales 2,8 millones tienen al monotributo como su principal fuente de ingresos. Esto significa que muchas personas trabajan en condiciones similares a las de un empleo en relación de dependencia, pero eluden la normativa laboral al encuadrar su relación laboral bajo la figura del monotributo.

Que las empresas no aumenten el empleo registrado es consecuencia del estancamiento económico y de las malas regulaciones laborales. Aunque la Ley de Bases corrigió algunos desvíos, siguen vigentes convenios colectivos centralizados, negociados en las décadas de los 70 y 80.

Es prioritario mejorar la transparencia y la democracia en los sindicatos, además de eliminar el cobro compulsivo de aportes sindicales. También es necesario abordar legislativamente la descentralización de la negociación colectiva, o establecer un mecanismo que permita a las PYMES desvincularse de los convenios colectivos. En un escenario de estabilidad de precios, como se plantea en el Presupuesto 2025, la modernización de las instituciones laborales es imprescindible.