Desde la recuperación democrática, Argentina celebra elecciones periódicas, libres y razonablemente íntegras. Esto quiere decir que se garantiza el derecho a la participación, ya sea como elector o como candidato, siempre que se cumplan los requisitos legales, que las personas se pueden asociar libremente en partidos, y que estos pueden hacer campaña en condiciones relativamente equitativas.

Implica también que las personas pueden acceder a distintas vías de información para conocer la oferta política, y pueden manifestarse en caso de estar en desacuerdo con ciertas políticas o acontecimientos. Pero sobre todo implica que impere el Estado de derecho, que las autoridades deban rendir cuentas, y que se fomenten los frenos y contrapesos al poder.

Adam Przeworski tiene una definición minimalista de democracia: es el sistema en el que los partidos de gobierno pierden elecciones. No se trata de una definición de calidad democrática, ni siquiera de democracia en sentido amplio, sino más bien una definición que condensa el único atributo que considera debe cumplir: elecciones competitivas.

Si revisamos el caso argentino a nivel nacional, encontramos que desde 1983 se han celebrado elecciones competitivas, y que incluso estas han servido para que haya alternancias en el poder. Sin embargo, cuando vamos al nivel subnacional nos encontramos con verdaderos enclaves autoritarios o híbridos, en los que la misma fuerza política, la misma familia o la misma persona gobierna desde hace décadas.

En las provincias de Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Santiago del Estero el oficialismo nunca ha perdido una elección. San Luis formaba parte de este grupo hasta los comicios de este año.

En el caso de Santiago del Estero, el poder lo ejerce una pareja desde el 2005. En San Luis los hermanos Rodríguez Saá han gobernado por más de 25 años, y si nos vamos a Formosa, nos encontramos con los 28 años de gobierno consecutivo de Gildo Insfrán (32 si se suman los 4 años como vicegobernador).

Pero no todas son malas noticias. También encontramos provincias con alta competitividad, acostumbradas a la alternancia, la implementación de buenas prácticas, la innovación en materia electoral y alta credibilidad de sus instituciones.

Que unas provincias sean competitivas y otras no, responde en gran medida a la voluntad de sus gobernantes. El régimen federal argentino habilita a los gobiernos provinciales a establecer (con cierta autonomía) sus reglas electorales. Esta facultad ha hecho que algunos opten por incorporar mecanismos que fomenten la integridad y transparencia electoral (PASO, observación electoral, boleta única, ficha limpia, acceso a datos electorales, etc.), mientras que otros hayan avanzado en prácticas que van en sentido contrario, como la Ley de Lemas o doble voto simultáneo, la eliminación de las PASO, el uso de colectoras, la eliminación de las restricciones a la reelección, entre otras.

El Mapa de Integridad Electoral elaborado por Transparencia Electoral, con el apoyo de Libertad y Progreso y la Fundación Naumann, es un estudio que evalúa los niveles de integridad electoral de cada uno de los 24 distritos del país. Considera tres dimensiones: marco legal, igualdad en el acceso a los derechos políticos (que contempla percepciones de especialistas, monitoreo de medios y acceso a la información) y la competitividad electoral. Como resultado, cataloga a los distritos en tres categorías: integridad electoral alta, moderada y baja.

Entre sus hallazgos encontramos que solo el 28% del electorado reside en distritos con alta integridad (CABA, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba y Santa Fe), el 55,73% en distritos con integridad moderada (La Pampa, San luis, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Chubut y Buenos Aires), mientras que el 15% de los electores votan en distritos de baja integridad (Tucumán, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Formosa y santa Cruz.

El estudio deja claro que si bien las elecciones a nivel nacional cumplen con los más básicos requisitos democráticos, en el caso de las provincias la realidad es otra.

Lo preocupante es que la dinámica autoritaria de las provincias problemáticas ha reducido considerablemente el tejido cívico, de manera que la ciudadanía no tiene incentivos para organizarse y exigir acciones que transparenten el accionar de sus gobiernos, por el contrario, dependen cada vez más del empleo público y los planes sociales, sostenidos por el régimen de coparticipación que permite que los gobernantes gasten mucho más de lo que generan sus distritos.