A mediados de agosto, llegarán los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI decidió repartir entre los países miembros para apoyar financieramente en este difícil contexto de pandemia. El monto total por repartir es de USD 650.000 millones y, dado que nuestra participación en el FMI es del 0,67%, nos corresponden unos USD 4.355 millones. Ahora bien, ¿qué tiene en mente hacer el gobierno con ese dinero?

Hace no muchos meses (en mayo para ser específicos) el Senado aprobó un proyecto de declaración para que se use ese dinero extra en “políticas públicas para resolver los problemas de la pandemia”. Paradójicamente, esta declaración fue aprobada por al oficialismo. Sin embargo, el ministro Guzmán hace las cuentas y ve que entre agosto y diciembre vencen USD 4.500 millones entre capital e intereses del FMI. De esta manera, los DEGs le viene como anillo al dedo para saldar esa deuda y poder patear la renegociación de la deuda con el FMI para más adelante.

Ahora bien, en vez de seguir procrastinando la negociación con el Fondo, ¿No era mejor cerrar la negociación antes de agosto y que los vencimientos de este año se refinancien? Además, si se arreglaba antes con el FMI también se podía haber arreglado con el Club de París sin pagar los USD 430 millones que se pagaron en junio. Si Guzmán hubiera negociado (y no digo que negociara más rápido porque tiempo tuvo de sobra), los DEGs se podrían haber destinado a engrosar las reservas internacionales y poder tener un Banco Central más solvente.

Fue la ideología y no la sensatez lo que llevo al gobierno a hacer la plancha en las negociaciones con el FMI. Cualquier arreglo con el Fondo hubiese implicado hacer algún que otro ajuste en los precios relativos (léase tarifas de los servicios públicos, tipo de cambio, precios máximos).

La demanda por dólares empezará a crecer a medida que nos acerquemos a las elecciones, mientras que la oferta se reducirá por motivos estacionales del campo. Esta presión cambiaria se verá reflejada en los dólares paralelos, aunque el BCRA demostró que no le tiembla el pulso a la hora de intervenir en los dólares financieros, manteniendo a raya al Contado Con Liquidación (CCL). Así, la volatilidad se traducirá al dólar blue que, por ser un mercado en donde se mueve menos dinero que en los financieros, el precio es muy sensible a la nueva demanda.

Esto se suma a la dificultad que tendrá el gobierno para renovar los vencimientos de deuda en pesos que enfrenta en el segundo semestre. En agosto vencen alrededor de $310.000 millones, de los cuales $224.000 millones vencían en la primera semana de agosto. En la primera licitación del mes, la Secretaría de Finanzas solo pudo refinanciar el 65% de dicho monto ($146.345 millones). Así, el resto de los vencimientos deberán ser cubiertos mediante transferencias del BCRA. En septiembre vencen $380.000 millones y en octubre $240.000 millones. Nuevos traspiés en las licitaciones implican mayor asistencia del BCRA. Los pesos que queden dando vueltas por no haberse refinanciado, se canalizarán hacia el dólar (sobre todo en un contexto electoral), haciendo que el BCRA tenga que sacrificar más reservas que las previstas, y generando más inflación.

Hace unos días el ministro Guzmán afirmó que no va a apurarse en alcanzar el flamante acuerdo con el FMI ya que es mejor un buen acuerdo tarde que un mal acuerdo rápido. Uno puede coincidir con esta afirmación. Sin embargo, hay que ver a que llama “buen acuerdo” el gobierno. Un buen acuerdo es uno que le dé al gobierno un marco de credibilidad y respaldo para llevar a cabo reformas estructurales que los sucesivos gobiernos vienen evitando hacer por los costos políticos de implementación en el corto plazo.

Si Guzmán llama “buen acuerdo” al permiso de poder tener una política fiscal irresponsable sin retos del FMI, el país volvería a perder una oportunidad para sacar a la economía de la crisis permanente en la cual estamos. Tampoco hay mucho más tiempo que perder.

Los DEGs que se mencionaron anteriormente alcanzan para los pagos de capital e intereses de este año. En enero y febrero del 2022 vencen USD 726 millones y USD 370 millones respectivamente. Si no se llegase a un acuerdo para esa fecha, habría que seguir perdiendo reservas netas para pagarle al Fondo. Eso sí, el límite es marzo en donde hay un fuerte vencimiento de USD 2.855 millones, que se suman a la reprogramación del Club de París por USD 2.000 millones.